La princesa Isabel de Bélgica, heredera al trono, finalizó su primer año de estudios en la Universidad de Harvard, pero su continuidad en esta institución se encuentra en un limbo legal. La reciente decisión del gobierno del expresidente Donald Trump de revocar el permiso que habilita a Harvard a recibir estudiantes internacionales ha generado incertidumbre en torno a su permanencia en Estados Unidos.
La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, obligaría a miles de estudiantes extranjeros incluida la princesa a transferirse a otra universidad o abandonar el país, lo que ha provocado un amplio debate legal y político.
Sin embargo, un día después del anuncio, la jueza federal Allison Burroughs, designada durante la administración de Barack Obama, emitió una orden que bloquea temporalmente la aplicación de esta política, aliviando la tensión de manera provisional.
Desde Bélgica, el portavoz oficial de la Casa Real, Xavier Baert, declaró que están evaluando el escenario y atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos.
Isabel eligió Harvard para continuar su formación académica tras obtener un título en Historia y Política en la Universidad de Oxford, como parte de una estrategia de preparación integral para asumir eventualmente sus responsabilidades como monarca.
Pero esta trayectoria se ha visto amenazada por un conflicto mayor. La administración Trump acusó a Harvard de priorizar la diversidad por encima del mérito académico y de tolerar actitudes antisemitas en su campus. Ante estas acusaciones, la universidad presentó una demanda alegando que la medida viola los derechos constitucionales.
“El caso tiene fundamentos jurídicos sólidos”, opinó el profesor Stephen Yale-Loehr, especialista en derecho migratorio de la Universidad de Cornell, quien considera que Harvard podría prevalecer en los tribunales.
Este conflicto trasciende la figura de Isabel y pone en jaque el futuro de miles de estudiantes extranjeros en EE.UU. Harvard ha advertido que la revocación de su permiso afecta no solo planes de estudio, sino también los sueños y sacrificios de quienes eligieron esa universidad como plataforma de desarrollo.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la acción argumentando que admitir estudiantes internacionales no es un derecho garantizado y que la institución ignoró repetidas advertencias del gobierno.
Mientras el litigio avanza, la princesa Isabel observa con cautela. Su futuro académico y el de muchos otros dependerá del desenlace de esta batalla legal que podría sentar un precedente para la educación internacional en Estados Unidos.