El Pacto Nación por la Crisis de Haití ha presentado un plan detallado destinado a fortalecer el control migratorio en respuesta a la masiva inmigración haitiana.
En primer lugar, este acuerdo aboga por la regulación adecuada de la entrada y el tránsito a través de las fronteras dominicanas, así como la permanencia y la autorización para que los nacionales extranjeros habiten y trabajen en el territorio dominicano.
Según el documento, «la República Dominicana se enfrenta actualmente a un fenómeno que ha dejado de ser simplemente un problema de migración para convertirse en un desafío urgente para la seguridad nacional y regional». Para hacer frente a esta situación, se ha acordado proteger y fortalecer la coordinación efectiva de los actores del Sistema Nacional de Migración, que incluye a los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Trabajo y Defensa, junto con sus respectivas entidades relacionadas.
Además, se ha comprometido a presentar y publicar en su totalidad la auditoría que el Ministerio de Interior y Policía ha realizado al Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) y aplicarlo exclusivamente a aquellos que se inscribieron en el programa, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
El pacto también se centra en la elaboración o revisión de protocolos de control fronterizo y de la entrada de trabajadores en áreas urbanas y agrícolas, garantizando el transporte y proporcionando directrices para la identificación de pasajeros terrestres, así como un listado de empresas de transporte.
Para alcanzar estos objetivos, los firmantes han considerado esencial reforzar, conforme a lo estipulado por la ley, la coordinación y las operaciones conjuntas entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo e Interior y Policía, así como sus divisiones respectivas, además del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), especialmente en lo que respecta a la emisión de visas para trabajadores temporales.
En este extenso acuerdo, 28 partidos políticos y 23 personalidades académicas, incluyendo siete rectores universitarios, han plasmado su firma. Andrés Lugo Risk, viceministro de Gobierno y Sociedad del Ministerio Administrativo de la Presidencia, ha mencionado la posibilidad de establecer una comisión para continuar investigando y actualizando los aspectos del pacto que requieran adaptarse a las cambiantes circunstancias de la crisis haitiana.
El presidente Abinader ha respaldado esta propuesta y ha sugerido la creación de comisiones para dar seguimiento a cada una de las decisiones. «Deben existir equipos y una comisión ejecutiva para tomar decisiones y consultas rápidas, dada la dinámica situación con la República de Haití», enfatizó.