Según la acusación del Ministerio Público presentada en 2014, el ingeniero contratado para hacer un levantamiento y evaluar la estructura del lugar apenas completó un 10 % del trabajo. El expediente señala que Antonio Espaillat decidió no continuar con el proyecto de remodelación, alegando inconvenientes y poca rentabilidad. De acuerdo con las autoridades, ese estudio incompleto pudo haber detectado fallas importantes que luego influyeron directamente en el colapso.
El documento también establece que en 2015 se ejecutaron modificaciones, ampliaciones y adecuaciones sin contar con licencia de construcción, permisos municipales ni planos depositados ante alguna institución competente. Los peritos confirmaron incluso que se demolió una columna estructural en el lateral oeste del edificio, una intervención catalogada como altamente peligrosa y realizada sin supervisión profesional ni autorización del Ministerio de Vivienda o de la Alcaldía.
A lo largo de más de diez años, en el techo se fueron agregando equipos adicionales como aires acondicionados, casetas, ductos y tinacos, pasando de siete instalaciones en 2011 a diecisiete entre 2022 y 2025. Nada de esto fue evaluado para determinar si la carga acumulada podía ser soportada por la estructura existente. El peritaje concluye que el desplome del techo fue provocado por una sobrecarga generada por el peso de esos equipos, los materiales empleados y el deterioro progresivo del inmueble. También se constató que durante años se reportaron filtraciones, desprendimiento de plafones y caída de escombros, reparaciones que se hacían con personal sin preparación técnica y materiales improvisados como cemento, sabaletas y lonas asfálticas.
El informe describe que incluso se colocaban lonas azules entre la estructura y el falso techo para contener el agua, las cuales eran retiradas manualmente, un método totalmente inapropiado para el manejo de filtraciones.
Respecto a las advertencias previas, Maribel Espaillat sostiene que la Fiscalía tenía conocimiento del deterioro y que ella había alertado sobre el riesgo de que plafones dañados pudieran causar incidentes. Un día antes del colapso, un empleado informó directamente a Antonio Espaillat que fragmentos del techo estaban cayendo y que era necesario revisar la estructura. A pesar de esto, no se canceló el evento pautado para esa noche. A las 11:40 p. m. del 7 de abril, un plafón cayó sobre uno de los asistentes.
Aunque se pidió suspender la actividad, Maribel señala que solo Antonio tenía la autoridad para hacerlo. La fiesta siguió su curso y, horas después, el techo terminó colapsando.
Para el Ministerio Público, Antonio Espaillat, como gerente y responsable de las operaciones, incurrió en homicidio involuntario y lesiones involuntarias al ignorar evaluaciones técnicas, permitir reparaciones deficientes, autorizar instalaciones sin supervisión especializada y mantener el evento aun después de las advertencias recibidas. El derrumbe provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 100 heridos.