El presidente del Gobierno en el cargo y candidato socialista en las elecciones del próximo domingo, Pedro Sánchez, dio por sentado este miércoles que la Fiscalía depende de la rama ejecutiva. En una entrevista en RNE, se le preguntó a Sánchez sobre la promesa que lanzó en el debate del lunes de que el Gobierno traerá a España al ex presidente catalán Carles Puigdemont, escapó en Bélgica desde octubre de 2017. La decisión de entrega, reactivada por el El juez de la Corte Suprema, Pablo Llarena, depende completamente de la justicia belga.
Ante esta pregunta del entrevistador, el presidente en funciones ha enfatizado que el Gobierno está haciendo todo lo posible para la extradición y está proporcionando a la justicia belga toda la información necesaria para que el Euroorden contra Puigdemont sea efectivo. Sánchez agregó que fue la Oficina del Fiscal la que solicitó la activación del orden del euro y lo ha puesto como evidencia de que el Gobierno está actuando, haciendo una pregunta retórica: "¿De quién depende el Fiscal?" dijo. En una fila, el entrevistador respondió: "Sí, sí, depende del Gobierno". A lo que Sánchez se ha decidido: "Bueno, eso es todo".
Las palabras de Sánchez han causado irritación en las asociaciones de fiscales, que insisten en la independencia del fiscal. Las fuentes fiscales también consideran que estas manifestaciones obstaculizarán la entrega del expresidente al "arrojar sombras de sospecha de interferencia del poder ejecutivo" sobre la Oficina del Fiscal.
En realidad, el ministerio fiscal, un organismo integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, no depende ni orgánica ni funcionalmente del Gobierno, como se desprende de las palabras de Sánchez. Es cierto que el artículo 124.4 de la Constitución otorga al Ejecutivo el nombramiento del Fiscal General del Estado y que el Gobierno puede pedirle que "promueva ante los tribunales las acciones pertinentes para defender el interés público", según el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Sin embargo, tanto la Constitución como su propio Estatuto Orgánico establecen que los fiscales actúan "con plena objetividad e independencia" en defensa de la legalidad, y que "en cualquier caso" rigen los "principios de legalidad e imparcialidad" sujetos a la Constitución, al leyes y otras normas que conforman el sistema legal. En el caso de las acciones solicitadas por el Gobierno al fiscal general, la ley establece que el jefe de la fiscalía decide en última instancia su viabilidad u origen. Es decir, el Gobierno no da órdenes ni instrucciones a los fiscales.
“La independencia puede usar expresiones como quiera. Crea sus propias burbujas. Espero que más pronto que tarde Puigdemont sea responsable ante la justicia española, que es lo que debe hacer ", dijo Sánchez después de su referencia a la Oficina del Fiscal. El ex fugitivo aprovechó la ocasión que Sánchez le ofreció con sus palabras sobre los fiscales para redoblar sus ataques contra la democracia española: "Sánchez lo confirma: no hay separación de poderes", dijo en Twitter.
La Asociación de Fiscales, la mayoría entre los 2,500 miembros de la oficina del fiscal público, se ha lamentado en una declaración "la ignorancia de las funciones conferidas a la Fiscalía por aquellos que hacen tales declaraciones, lo que hacen no conformarse con la realidad y generar confusión inaceptable ". La Oficina del Fiscal "es independiente y solo depende de la ley", y "no cumple con las órdenes gubernamentales", insiste el comunicado.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha recordado, en un mensaje en Twitter, que "el Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno, de cualquier Gobierno y este último no puede dar órdenes al Fiscal General, para que quede claro".
La Asociación de Fiscales Profesionales Independientes también ha criticado las palabras del presidente interino: "Sánchez está equivocado. No puede dar ninguna orden al Fiscal, de conformidad con la ley: art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal. Quizás quiera decir omitiendo la ley, pero esa es otra historia ", escribió esta asociación en Twitter.
La vicepresidenta interina del Gobierno, Carmen Calvo, salió de la controversia y negó que Sánchez interfiera en la separación de poderes con sus declaraciones sobre la extradición de Carles Puigdemont. En declaraciones a la prensa antes de participar en un acto en el Instituto Cervantes, Calvo ha alegado que, aunque la Fiscalía es parte del poder judicial, "no es un poder judicial", informa Europa Press.
Calvo explicó que la Oficina del Fiscal "tiene un vínculo" con el Gobierno en "política criminal". "El Procurador General es designado por el Gobierno, también en el resto de las democracias. Y tiene un vínculo importante con la política criminal del gobierno, en todas las democracias del mundo", recordó.