Las tensiones entre el estado de California y el expresidente Donald Trump vuelven a encenderse, esta vez por el uso de la Guardia Nacional durante protestas sociales. El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta presentaron una demanda judicial contra Trump, acusándolo de haber desplegado tropas sin la debida autorización estatal.
“Estamos demandando a Donald Trump y pidiendo al tribunal que anule la acción ilegal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California”, declaró Bonta este lunes, subrayando que la medida violaría la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Desde Sacramento, las autoridades califican el despliegue como un abuso de poder sin precedentes recientes. Según indicaron, en el momento de los hechos las fuerzas locales ya tenían control de las manifestaciones, por lo que la presencia militar fue vista como innecesaria y un “acto de irrespeto al servicio de los soldados”, añadió Bonta.
No se registraba una acción de este tipo desde 1965, cuando un presidente federalizó tropas sin el consentimiento de un gobernador. En esta ocasión, Newsom no solo no autorizó la intervención, sino que reafirmó que la responsabilidad de activar la Guardia Nacional recae exclusivamente en los gobernadores estatales.
Newsom ya ha hecho uso de la Guardia Nacional en situaciones de emergencia reales, como incendios forestales y protestas anteriores, demostrando que conoce y respeta los protocolos establecidos.
Esta nueva fricción también alcanzó a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, luego de que Tom Homan —exfuncionario de política migratoria durante el gobierno de Trump— sugiriera que ambos podrían ser arrestados por supuestamente obstaculizar la labor de las autoridades federales. Ante esas declaraciones, el gobernador respondió con ironía: “Tom, arréstame”.
Aunque Homan posteriormente aclaró que no existen planes reales de detención, advirtió que bajo una eventual nueva administración de Trump, no se permitirán acciones que “impidan la aplicación de la ley”.
Las protestas en cuestión surgieron como respuesta ciudadana a las redadas migratorias impulsadas por el expresidente. Desde el inicio, las autoridades locales consideraron injustificado cualquier tipo de intervención militar.
Más allá del conflicto político, esta demanda podría convertirse en un caso legal crucial que defina los límites de la autoridad presidencial frente a los derechos de los estados en situaciones de orden público. También pone en el centro del debate el delicado equilibrio entre poder federal y autonomía estatal en contextos de protesta civil.