En cumplimiento estricto de las normas del derecho internacional y del derecho procesal democrático, las unidades de interdicción de la Dirección General de Migración (DGM) detuvieron este miércoles a 1,197 ciudadanos haitianos indocumentados y deportaron a 1,004 más que fueron sorprendidos en condición irregular en distintas zonas del país.
Estas operaciones, realizadas en coordinación con los organismos de seguridad del Estado para garantizar que quienes residan y trabajen en el país lo hagan dentro del marco legal, permitieron la captura de 233 extranjeros en el Gran Santo Domingo.
Otras detenciones se registraron en: Azua (119), Mao/Santiago Rodríguez (80), Montecristi (75), zona Este (72), Pedernales (66), Jimaní (58), La Vega (55), Dajabón (54), Santiago (41), Barahona (33) y Elías Piña (23).
A estas cifras se suman los 182 aprehendidos por el Ejército, 60 por la Policía Nacional y 46 por el Cesfront, instituciones que colaboran con la DGM junto al Ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, entre otros.
El esfuerzo conjunto también se reflejó en la repatriación de extranjeros: 387 por Dajabón, 384 por Elías Piña, 140 por Jimaní y 93 por Pedernales.
La coordinación entre la DGM y las fuerzas de seguridad evidencia que una planificación estratégica y colaboración institucional permiten avanzar en la protección de las fronteras y la seguridad nacional, respetando los derechos humanos y promoviendo una migración ordenada y segura.
Contexto:
En los últimos años, la República Dominicana ha enfrentado un aumento sostenido de migrantes provenientes de Haití, motivado por la crisis política, económica y social en ese país. La situación ha llevado a un mayor número de ciudadanos haitianos a cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades, frecuentemente sin cumplir con los requisitos legales de ingreso o permanencia.
Frente a esta situación, el gobierno ha intensificado las políticas de control migratorio, priorizando la vigilancia fronteriza y los operativos de interdicción para identificar, detener y repatriar a los extranjeros en condición irregular, siempre en el marco de la legislación nacional y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.