El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional programó para el 17 de noviembre el inicio de la audiencia preliminar del caso Operación Camaleón, en el que figuran como imputados Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y otros acusados de sabotaje, terrorismo y estafa contra el Estado a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) depositó acusación formal contra diez personas y siete empresas señaladas como parte de una estructura que habría cometido corrupción administrativa y lavado de activos desde el Intrant.
Entre los procesados se encuentran el exdirector del Intrant, Hugo Beras; Jochy Gómez, propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tránsito; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología. También figuran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las empresas mencionadas en el expediente son Transcore Latam, Aurix, INPROSOL, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y Dekolor, las cuales habrían servido como soporte para el desvío de fondos públicos y operaciones de lavado, además de la ejecución de acciones tecnológicas irregulares.
De acuerdo con la PEPCA, la investigación detectó varias líneas de actuación ilícita, entre ellas fraude en contrataciones públicas, corrupción administrativa, sabotaje a infraestructuras estratégicas, falsificación, contrabando, delitos tecnológicos, terrorismo y lavado de activos.
El Ministerio Público identifica a Jochy Gómez como pieza clave del supuesto entramado, al dirigir un conjunto de compañías vinculadas entre sí que resultaron beneficiadas con contratos irregulares y que, según la acusación, intervinieron en sistemas de semáforos, videovigilancia y otras plataformas tecnológicas del Estado.
La imputación también alcanza a Hugo Beras, a quien se le atribuye facilitar adjudicaciones irregulares a empresas sin capacidad técnica y tener participación en alteraciones al sistema de tránsito del Gran Santo Domingo.
En octubre de 2024, el caso fue declarado complejo y se impusieron medidas de coerción como prisión preventiva y presentación periódica para distintos implicados.
El Ministerio Público sostiene que Operación Camaleón constituye una de las redes de corrupción tecnológica más complejas de los últimos años, al mezclar manipulación de sistemas estatales con estructuras corporativas usadas para ocultar capitales ilícitos.
Si el tribunal admite la acusación, el expediente pasará a juicio de fondo, donde los imputados deberán responder por cargos contemplados en el Código Penal y en las leyes relativas a crímenes tecnológicos, lavado de activos, terrorismo y contrabando.