Un nuevo proyecto de ley sobre alquileres que está siendo evaluado por los diputados contempla una disposición que permitiría a los propietarios embargar bienes de sus inquilinos en caso de incumplimiento en el pago de la renta.
Según el artículo 17 del informe legislativo sobre la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el dueño de un inmueble estaría autorizado a realizar un embargo retentivo como forma de asegurar el cobro de las rentas atrasadas.
Este tipo de embargo, contemplado en el Código de Procedimiento Civil dominicano, consiste en retener bienes o recursos económicos del deudor, impidiéndole disponer de ellos hasta que la justicia resuelva el conflicto. El artículo 557 de dicho código establece que se trata de una medida precautoria orientada a proteger los intereses del acreedor durante el proceso legal.
La normativa propuesta indica que esta medida solo podrá ejecutarse si existe un contrato de alquiler y si se ha emitido previamente un acto de intimación. También se permite al propietario solicitar otras medidas legales a través del juez de paz, con el fin de asegurar el cumplimiento del pago.
Derechos también para los inquilinos
La propuesta no solo protege los derechos del arrendador. El mismo artículo establece que los inquilinos podrán recurrir a esta herramienta legal si, al finalizar el contrato, el propietario no devuelve el depósito acordado. Así, el embargo retentivo también funcionaría como vía de reclamo para recuperar estos fondos.
Además, el proyecto sugiere que los depósitos de alquiler no se entreguen directamente al propietario ni al Banco Agrícola, como se estila actualmente. En su lugar, propone que se coloquen en una entidad bancaria cercana al inmueble alquilado. Este banco deberá informar al Ministerio de Vivienda y Edificaciones sobre la existencia del contrato para fines de estadísticas habitacionales.
Estado del proyecto
Esta propuesta de ley, que lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, fue elaborada por una comisión especial encabezada por el diputado Amado Díaz. Después de más de cuatro meses de estudio, está lista para ser debatida en el hemiciclo.
El objetivo principal de esta iniciativa legislativa es establecer un marco legal que regule los contratos de alquiler, los conflictos entre arrendadores y arrendatarios, el papel de los jueces de paz, los procedimientos judiciales relacionados con los desalojos, y los derechos y obligaciones de ambas partes involucradas.