Bajo el nuevo Código Penal dominicano, los delitos de corrupción administrativa y lavado de activos podrían acarrear penas de hasta 30 años de prisión, advirtió este miércoles la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
Durante una conferencia en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Reynoso explicó que la reforma legal incorpora un sistema de acumulación de penas, lo que permite sumar condenas cuando un mismo acusado incurre en varios delitos vinculados.
“El nuevo Código introduce el cúmulo de penas. Si un funcionario o particular comete corrupción, lavado de activos y, además, asociación de malhechores, puede recibir hasta 30 años de cárcel”, puntualizó.
La procuradora destacó que con esta actualización, la corrupción se considera un delito autónomo, lo que permitirá perseguir judicialmente cualquier acción que afecte los fondos públicos sin necesidad de vincularla a otros ilícitos.
“Desde que el Código entre en vigencia, el delito de corrupción se podrá sancionar por sí solo, como establece el artículo 284. Toda acción dolosa que afecte recursos del Estado podrá ser penalizada”, subrayó Reynoso.
Asimismo, explicó que si una persona utiliza dinero proveniente de actos corruptos para adquirir bienes o disfrazar su origen, también enfrentará cargos por lavado de activos, agravando así la sanción.
Además de las penas de cárcel, los condenados por corrupción deberán pagar multas que podrían duplicar el monto sustraído y quedarán inhabilitados de por vida para ocupar funciones públicas.
“El que robe al Estado, no solo irá a prisión, sino que quedará excluido de por vida de cualquier cargo público”, afirmó con firmeza la procuradora.
Reynoso aseguró que el Ministerio Público mantendrá una postura firme e independiente para garantizar la protección del patrimonio estatal, señalando que el país contará con uno de los marcos legales más estrictos de la región contra la corrupción.
Educación y prevención: claves para combatir la corrupción
Más allá de las sanciones, la funcionaria enfatizó la importancia de fomentar la educación cívica y ética como herramienta de prevención.
“La justicia no debe actuar solo cuando el delito ocurre, sino trabajar para fortalecer una cultura de integridad dentro de las instituciones públicas”, dijo Reynoso, quien hizo un llamado a escuelas, universidades, entidades gubernamentales y sociedad civil a promover valores de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
“La lucha contra la corrupción es un compromiso de todos, no solo del Ministerio Público”, concluyó.