El Ministerio Público presentó un amplio conjunto de evidencias en el caso contra Juan Alexis Medina y otros implicados en la red de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$5,000 millones, según informó la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz. Las pruebas incluyen más de 2,000 documentos, alrededor de 86 elementos materiales y más de 90 testigos.
“De nuestra parte, el trabajo está hecho, esperemos ahora la decisión del tribunal”, declaró Ortiz a su llegada al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, antes del inicio de la audiencia en la que las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo emitirán el fallo, reservado desde el 30 de julio. La audiencia, prevista inicialmente para las 11:00 de la mañana, fue reprogramada para las 5:00 de la tarde, hora en la que se espera que el tribunal tenga lista la decisión.
En abril, el Ministerio Público solicitó 20 años de prisión para Medina Sánchez, además del pago de 400 salarios mínimos. Para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda se pidieron 15 años de cárcel y el pago de 200 salarios mínimos.
Asimismo, se solicitó 10 años de prisión para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa, y para la exvicepresidenta administrativa de esa institución, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina. La misma pena fue pedida para Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.
También se pidió 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
Para Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez y Rafael Antonio Germosén Andújar, la solicitud fue de cinco años de cárcel y 200 salarios mínimos. Además, se pidió tres años de prisión para Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la Oisoe.
El Ministerio Público solicitó que todos los imputados fueran inhabilitados para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos por 10 años, que se decomisen los bienes obtenidos de manera ilícita y que se aplique la degradación cívica, que implica la pérdida de derechos civiles, políticos y de ciudadanía. Las penas deberán cumplirse en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, según corresponda.
En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía, se pidió una condena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos, bajo la condición de residir en un domicilio fijo, abstenerse de ocupar cargos públicos o trabajar en entidades financieras y presentarse periódicamente ante el juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional. También se solicitó el decomiso de valores entregados voluntariamente por el acusado o bienes equivalentes, ascendentes a 15 millones de pesos, conforme a la Ley de Lavado de Activos, así como la confiscación de bienes obtenidos con fondos desviados del erario.
Cargos que enfrentan los procesados
Juan Alexis Medina Sánchez está acusado de crear un entramado societario para obtener ventajas económicas en contrataciones estatales mediante tráfico de influencias, documentos falsos, simulación de contratos y uso de prestanombres. Se le imputa lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito y financiamiento ilícito de campañas políticas.
José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda están señalados como prestanombres y representantes legales de empresas del entramado, participando en la circulación de fondos ilícitos y la adquisición de bienes a nombre de terceros.
Fernando Aquilino Rosa Rosa, como director del Fonper, facilitó contratos y pagos irregulares a favor de empresas vinculadas a Medina. Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina y funcionaria del Fonper, está acusada de coalición de funcionarios, complicidad en desfalco y aprobación de pagos irregulares en beneficio de la red.
Carlos José Alarcón actuaba como contador y facilitador de operaciones contables para encubrir los fondos ilícitos, mientras Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) sirvió como representante de una de las empresas que contrató con instituciones estatales, participando en simulaciones comerciales y canalización de recursos públicos.
Lina Ercilia de la Cruz Vargas figura como titular de cuentas y propiedades adquiridas con fondos ilícitos y actuó como testaferro. Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez están acusados de lavado de activos y testaferrato.
José Idelfonso Correa Martínez enfrenta cargos por lavado de activos y porte ilegal de armas, mientras que Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco está señalado por corrupción administrativa, asociación de malhechores, soborno, falsedad, desfalco y lavado de activos.