El Ministerio Público concluyó la noche de este lunes la presentación de la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la Operación Lobo, un caso que involucra una red de militares y civiles acusados de corrupción y sobornos en diversas instituciones públicas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), al salir de la audiencia en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, expresó: “Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Justicia”.
Ortiz destacó que en esta ocasión el expediente contempla la participación de todas las partes involucradas en los actos de corrupción: “Siempre se nos ha criticado de que teníamos los sobornados sin los sobornantes o los sobornantes sin los sobornados. Aquí están ambos”.
El equipo del Ministerio Público estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
En su solicitud al juez Rigoberto Sena, el órgano acusador pidió prisión preventiva para los imputados y la declaración del caso como complejo, debido a la envergadura de los hechos y de la estructura de corrupción desmantelada.
Entre los acusados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente Wellington Peralta Santos; el coronel policial Ramón Quezada Ortiz; además del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Según la investigación, los procesados formaban parte de un entramado que utilizaba sobornos para obtener y mantener contratos con el Estado, afectando a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA), así como las distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Los delitos que se les imputan incluyen soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, corrupción administrativa y lavado de activos, conforme al Código Penal y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El juez Sena recesó la audiencia, que continuará este martes 15 de julio a las 2:00 de la tarde.