El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), durante su primera comparecencia este lunes.
Durante la audiencia, el abogado defensor Barry Pollack indicó que por el momento no solicitará libertad bajo fianza para Maduro, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante.
Según el documento judicial, la Fiscalía acusa a Maduro de encabezar un gobierno ilegítimo y profundamente corrompido, que habría utilizado instituciones del Estado venezolano para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
El expediente incluye, además, como imputados al ministro del Interior Diosdado Cabello, al exministro Ramón Rodríguez Chacín, a Cilia Flores, a su hijo Nicolás Maduro Guerra (conocido como “Nicolasito”) y a Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), señalado como líder del Tren de Aragua.
La acusación describe una presunta estructura criminal denominada “Cartel de los Soles”, integrada por altos mandos civiles y militares que habrían brindado protección, logística y encubrimiento a operaciones de narcotráfico.
El documento judicial detalla alianzas directas con organizaciones catalogadas como terroristas o criminales transnacionales, entre ellas las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.
Según la Fiscalía, estas organizaciones habrían colaborado en la producción, custodia y transporte de cocaína desde Colombia, Venezuela y Centroamérica hasta Estados Unidos, con amparo estatal venezolano.
Entre los hechos señalados figuran el uso de pasaportes diplomáticos para narcotraficantes, envíos de droga en vuelos comerciales y privados, sobornos millonarios, protección de laboratorios y pistas clandestinas, así como el uso de armas de guerra ametralladoras y granadas para asegurar rutas del narcotráfico. También se mencionan secuestros, asesinatos y la operación de grupos armados para control territorial.
Los cargos formales incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión y conspiración para usar armas de guerra, además de solicitudes amplias de decomiso de bienes presuntamente obtenidos del narcotráfico.
El gobierno de Estados Unidos busca confiscar propiedades, dinero y activos equivalentes al valor de los beneficios ilícitos.
La acusación, firmada por la Fiscalía Federal de Nueva York, refuerza la postura de que el liderazgo venezolano habría operado durante décadas como una empresa criminal transnacional, con impactos que trascienden Venezuela y contribuyen a la violencia, corrupción y crisis de seguridad regional.