El Ministerio Público comenzó a exponer ayer ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional los detalles de cómo cuatro hermanos del expresidente Danilo Medina, dos de los cuales están siendo investigados, presuntamente en complicidad con este último, se habrían unido para defraudar al Estado dominicano por aproximadamente RD$5,000 millones a través de diversas instituciones. Este caso es conocido como el Caso Antipulpo.
El juicio de fondo ha comenzado para Alexis y Carmen Magaly Medina Sánchez, acusados de haber establecido un entramado corrupto con otras 25 personas, incluyendo varios exfuncionarios, y 21 empresas. Uno de estos funcionarios es el exdirector de Hacienda, Donald Guerrero, quien también es uno de los principales implicados en el caso Calamar, otro esquema corrupto a través del cual se habría estafado al Estado con RD$19.7 millones.
Según el relato de los hechos presentado por la acusación, las pruebas recolectadas durante el proceso indican que «funcionarios de diversas instituciones estatales importantes que están bajo la dirección directa e indirecta del Poder Ejecutivo no cumplieron con el orden legal y no actuaron en beneficio del interés general, sino en beneficio de un interés particular intencional».
El Ministerio Público alega que el crecimiento económico ilícito de esta organización se evidencia con Alexis, quien presuntamente era el gerente operativo de la misma, y según su afirmación, «no era empresario ni emprendedor», y había llevado a la quiebra sus pocos intentos empresariales anteriores.
«Es claro que su ascenso económico después de ser un pequeño comerciante, con mala reputación y algunos procedimientos judiciales por emisión de cheques sin fondos, fue posible gracias a que, por acciones y omisiones del principal ejecutivo del país, Danilo Medina Sánchez, se crearon las condiciones para construir una estructura empresarial que tuvo un impacto negativo en los principales indicadores de desarrollo de la República Dominicana», afirma la acusación del Ministerio Público.
Agrega que en la realización de actos de corrupción «a través del tráfico de influencias gestado desde el corazón del poder», Aracelis, vicepresidenta del Banco de Reservas, jugó un papel determinante, siendo la institución utilizada como financiera particular para más del 95% de las operaciones ilegales de la organización. También se menciona a Carmen Magalys, exvicepresidenta del FONPER, entidad que a su vez poseía el 50% de la Empresa Distribuidora de Energía del Este (EDEESTE), presidida por su esposo, Luis de León, también bajo investigación. Lucía, exdiputada y presidenta de Fumudesju, está siendo investigada «por distracciones de fondos disfrazados de donaciones» por un monto de RD$78.1 millones.
El expediente acusatorio sostiene que la principal fuente de corrupción de la organización fueron las licitaciones, presuntamente todas manipuladas.
Se afirma que el Poder Ejecutivo instruyó a los organismos financieros estatales y al Contralor a certificar los contratos, «y al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a disponer los fondos para el pago a los proveedores…».