El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una sentencia trascendental en la que declaró la inconstitucionalidad de la Ley número 1-24, que había creado la Dirección Nacional de Investigaciones. Esta decisión fue tomada de forma unánime por los jueces del TC, quienes señalaron que el proceso legislativo que dio origen a la ley estuvo marcado por deficiencias significativas.
El Tribunal explicó que, por su naturaleza, la Ley 1-24 debería haber sido tramitada como una ley orgánica. Las leyes orgánicas, según la Constitución, requieren un procedimiento más riguroso, con la aprobación por una mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras legislativas.
Además, el TC destacó que el título de las leyes orgánicas debe reflejar claramente su carácter especial, y las convocatorias a su discusión deben mencionar explícitamente que se está siguiendo el procedimiento correspondiente. En este caso, dichos requisitos no se cumplieron, lo que llevó a la declaración de inconstitucionalidad de la ley.
Este fallo resalta la relevancia de adherirse a los procedimientos establecidos por la Constitución, especialmente cuando se trata de leyes que tienen un impacto directo en la seguridad y la estructura del Estado.