Santo Domingo. – El expresidente de la República y actual líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, exhortó este lunes a generar un espacio de reflexión crítica y debate plural sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, introducido recientemente por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
En su columna quincenal Observatorio Global, Fernández valoró como positivo el interés del proyecto en actualizar el marco normativo vigente —la Ley 6132 de 1962 y el Reglamento 824 de 1971—, los cuales calificó como «anacrónicos». No obstante, señaló múltiples deficiencias que, a su juicio, deben ser corregidas antes de su eventual aprobación.
El exmandatario advirtió sobre omisiones normativas, desequilibrios en el tratamiento de los distintos medios de comunicación y una atención desproporcionada a las plataformas digitales, en detrimento de la radio y la televisión tradicionales.
Asimismo, criticó la falta de referencias a tratados internacionales sobre telecomunicaciones, la ausencia de un estatuto legal claro para las empresas audiovisuales y la indefinición en torno al uso del espectro radioeléctrico y las funciones del personal en medios.
Fernández también expresó reservas con la creación del Instituto Nacional de Comunicación Audiovisual (Inacom), propuesto en el proyecto como nuevo ente regulador con capacidad sancionadora. Según explicó, este modelo plantea riesgos de concentración de poder y controversia, al tratarse de un enfoque regulador aún en discusión en el ámbito internacional.
El líder político citó los avances legislativos de países como España, Brasil y miembros de la Unión Europea, donde se trabaja en marcos legales que reconozcan la complejidad del entorno digital y algorítmico, aunque subrayó que esta sigue siendo una materia jurídica en desarrollo.
Finalmente, Fernández consideró que el proyecto de ley representa una oportunidad significativa para modernizar la legislación sobre libertad de expresión, pero subrayó que su aprobación debe surgir de un proceso “rigurosamente democrático, participativo y transparente”.