Santo Domingo.- Tres son las mujeres acusadas en el caso Calamar, calificado por la procuradora adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, como un estructura de criminalidad organizada muy poca vista en la región, a través de la cual se sustrajeron del Estado 19 mil millones de pesos.
La corrupción no es solo cosa de hombres, este caso acusa a la exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, Princesa Alexandra García Medina, a Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández Paola (De Paola).
De acuerdo al documento que solicita medida de coerción por parte del Ministerio Público las tres mujeres desempeñaron funciones claves para maniobrar un altísimo porcentaje de los montos pagados por deudas
administrativas, mediante las cesiones de crédito fraudulentas.
Princesa Alexandra García Medina
Nombrada directora Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda en el año 2017 y permaneciendo en el cargo hasta el 2020, Princesa Alexandra García no se limitó a las funciones que demandaba la posición durante la administración del ministro Ángel Donald Guerrero Ortiz.
En el expediente de solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso Calamar, el Ministerio Público describe a García como alguien a entera disposición de la máxima autoridad de la institución, quien actuando bajo sus directrices obviaba los procedimientos y todas normas establecidas en su cargo, a pesar de ser advertida por la vía oral y escrita en reiteradas ocasiones por técnicos bajo su dirección.
Explica el documento que García Medina se aseguraba que los expedientes de expropiación solicitados por el imputado Guerrero Ortiz fueran validados en el departamento que dirigía, realizando ella misma las documentaciones de trámite para agilizar que salieran los pagos de dichos expedientes.
Yahaira Brito
Esposa del imputado Ramón David Hernández, quien trabajó en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.
Su esposo tuvo acceso a información privilegiada de las compañías que tienen inmuebles y se han mantenido inactivas durante muchos años (perdiendo en consecuencia el Registro de Nombre en la ONAPI, y poseen desactualizado el Registro Mercantil), y preparó con esas informaciones la documentación necesaria para implementar procesos de transformación de compañía, en unos casos, o constituir una nueva compañía con nombre comercial similar, en otros, todo esto con el fin de apropiarse indebidamente de los inmuebles registrados a favor de esas compañías inactivas.
Se trata de las compañías Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., y El Algodonal, C. por A.
«El imputado Ramón David Hernández en asociación de malhechores con su esposa, la imputada Yahaira Brito Encarnación o Yahaira Brito Evangelista, el fenecido Víctor Fermín Sepúlveda Aristy y otras personas que están siendo objeto de investigación, con el único fin de suplantar la personería jurídica de las sociedades El Algodonal C. por A., y la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A., en fecha siete (7) de marzo del año 2017 constituyó la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., con la cual usurpó los derechos reales que tenían sobre las parcelas 74-C, 142-C y 214-B del DC 2, del Distrito Nacional, las hoy víctimas, razones sociales El Algodonal C. por A., y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A.», cita el documento.
Bajo este concepto se lucraron con quinientos cincuenta y tres millones ciento sesenta mil pesos dominicanos (DOP 553,160,000.00), del Estado dominicano.
Indican que el esposo de esta imputada, Ramón David Hernández se lucró ilícitamente con ciento treinta y tres millones ochocientos veintiún mil seiscientos pesos dominicanos (DOP 133, 821,600.00), que fueron depositados en su cuenta personal núm. 1680115898, del Banco de Reservas.
Brito fue arrestada bajo en fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil veintitrés (2023), bajo la orden judicial de arresto Núm. 0342-FEBRERO-2023, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, a solicitud del director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA).
Ana Linda Fernández Paola (De Paola)
Ana Linda Fernández De Paola y Emir Fernández De Paola fingieron con documentación ser los únicos herederos directos del italiano Alessandro De Paola Sangiovanni, radicado en República Dominicana.
El expediente cita un acto notarial falso que dice que Alessandro De Paola Sangiovanni nunca contrajo matrimonio, ni procreó hijos legítimos, naturales reconocidos, ni adoptivos y que sus parientes en Italia fallecieron. Su última pariente más cercana fue su hermana Nilda De Paola Nerio, quien murió en fecha 16 de junio del 1996, dejando dos hijos las señoras Ana Linda Fernández y Emir José Fernández.
«Los imputados Ana Linda Fernández De Paola y Emir Fernández De Paola, realizaron una serie de maniobras fraudulentas y se valieron de calidades supuestas con el fin de hacerse pasar como legítimos herederos del señor Alessandro De Paola Sangiovanni. Cabe señalar, en cuanto a la imputada Ana Linda Fernández De Paola, que la misma era la abogada del señor Alessandro De Paola Sangiovanni al momento de su muerte», según el Ministerio Público.
Los padres reales de los imputados Ana Linda Fernández De Paola y Emir Fernández De Paola son los señores Hernán María Fernández y Nilda Paola Nerio; esto según un informe realizado por la Dirección de Inspectoría de la Junta Central Electoral.
Sin embargo bajo la mentira de ser los herederos en fecha dieciocho (18) de marzo del año 2020, el director general de Bienes Nacionales, el fenecido Emilio Cesar Rivas Rodríguez, y los imputados Ana Linda Fernández De Paola y Emir Fernández De Paola, firmaron un acuerdo transaccional y contrato
de compra y venta de inmueble, mediante el cual la segunda parte transfiere a la primera parte la cantidad de 15,893,345.70 metros cuadrados, ubicados dentro de la parcela núm. 9, del distrito catastral 10/1ra, sección Boca de Yuma, municipio Higüey, provincia La Altagracia.
Mediante comunicación MH-2020-012558, de fecha veintitrés (23) de junio del año 2020, el ministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz remitió al viceministro del Tesoro, Rafael Gómez Medina, con atención a Princesa Alexandra García Medina, directora de Reconocimiento de Deuda Administrativa, la autorización de pago de duda registrada en el capítulo 0999 “obligaciones del Tesoro” (Deuda Administrativa), por la suma de tres mil ochocientos catorce millones cuatrocientos dos mil novecientos sesenta y ocho pesos (DOP 3,814,402,968.00), como primer pago por el acuerdo transaccional suscrito en fecha dieciocho (18) de marzo del año 2020, entre la Dirección General de Bienes Nacionales y los supuestos sucesores del señor Alessandro De Paola Sangiovanni.
Ana Linda Fernández Paola fue beneficiada pese a tener una orden de medida de coerción interpuesta por un tribunal penal de la jurisdicción de Hato Mayor, por la falsificación de documentos en referencia a la sucesión del señor Alessandro De Paola Sangiovanni.