En la actualidad, la República Dominicana se encuentra inmersa en al menos cuatro procesos de arbitraje relacionados con inversiones, con demandas de indemnización que suman alrededor de 384.69 millones de dólares. Estos casos están siendo tramitados ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) y el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI).
El Estado dominicano está a cargo de llevar adelante estas controversias a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Viceministerio de Comercio Exterior. Estas entidades coordinan la defensa del país en conflictos derivados de acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) y Tratados de Libre Comercio (TLC). Para llevar a cabo esta labor de defensa, se cuenta con la cooperación interinstitucional de entidades estatales como la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de la República.
Uno de los casos en cuestión es la demanda presentada por Michael Lee-Chin, de nacionalidad jamaicana, contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Alcaldía de Santo Domingo Norte, ante el CIADI. La demanda alega incumplimientos al contrato para la administración y operación del relleno sanitario de Duquesa, suscrito el 1 de marzo de 2007 con la empresa Lajun Corporation. Esta acción buscaba que la República Dominicana pague una compensación de 583.6 millones de dólares y otros 5 millones de dólares por concepto de daños morales, además de asumir todos los costos del proceso, incluyendo gastos legales, honorarios de representación del demandante y los intereses correspondientes.
En respuesta, el MICM ha informado que está evaluando la decisión emitida por el CIADI sobre esta demanda presentada en 2018 contra el Estado dominicano por Michael A. Lee-Chin, accionista mayoritario de la empresa Lajun Corporation, S.R.L. El tribunal concedió un pago de 43,590,090 dólares a favor de Lee-Chin y distribuyó las costas del proceso de manera equitativa. El MICM considera que esta decisión refleja la razonabilidad de la corte frente a las posiciones defendidas por la República Dominicana.