El Ministerio Público solicitó formalmente al Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional imponer tres medidas de coerción contra la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez («La Torita»), tras acusarla de difamación e injuria pública contra el procurador adjunto Iván Vladimir Féliz Vargas.
Según los documentos obtenidos por Noticias SIN, las medidas incluyen garantía económica de RD$1,000,000** (un millón de pesos), impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
La solicitud, presentada por el fiscal Miguel Antonio Pichardo Ramírez, de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), argumenta que Jorge Pérez no ofrece «garantías suficientes» para presentarse a los actos del proceso, dado que «continúa publicando contenido en sus redes sociales» (@ingridjorge, @controlandolamanana69 y La Tora TV en YouTube), donde presuntamente difunde acusaciones falsas.
Las acusaciones: De «protector de testigos» a «violador de menores»
Según los expedientes judiciales, los señalamientos de «La Torita» comenzaron el 2 de abril de 2025, cuando vinculó a Féliz Vargas con el caso de Johanna Madera de Stanley (condenada a 3 años por un secuestro en 2023). Sin embargo, la situación escaló rápidamente, cuando alegó que Féliz Vargas protegía a la testigo Karla Fitch en el juicio contra Madera. También «lo acusó de narcotráfico», afirmando que movía drogas desde el sur del país. «Aseguró tener un video donde él abusaba sexualmente de una niña de 15 años» (hecho que el fiscal niega categóricamente) y «dijo que chantajeaba a la ministra Faride Raful» con un supuesto video íntimo.
Féliz Vargas, en su declaración, calificó estas afirmaciones como «mentiras virales destinadas a destruir su reputación». Reveló que su hija de 13 años sufrió bullying en la escuela y que su familia ha enfrentado «ansiedad y estigma social» por las publicaciones, las cuales han sido compartidas masivamente en Instagram, TikTok y YouTube.
«Esto no es libertad de expresión, es un ataque premeditado que busca destruir mi vida y carrera», declaró Féliz Vargas en el acta de entrevista a la cual Noticias SIN tuvo acceso.
Pruebas y fundamentos legales
El Ministerio Público respalda su petición con testimonios de Féliz Vargas y peritos digitales; videos y capturas de las publicaciones difamatorias, preservados bajo orden judicial (No. 0024-MAYO-2025); e informes técnicos que vinculan las cuentas a Ingrid Jorge. Asegura que las acciones de La torito violan la Ley 53-07 (arts. 21-22), que castiga la difamación digital con 3 meses a 1 año de prisión y multas de hasta 500 salarios mínimos.
El fiscal Pichardo Ramírez sostiene que Jorge Pérez persiste en su conducta (sus cuentas siguen activas), no ha rectificado ni eliminado los contenidos denunciados y podría intentar destruir evidencia o evadir la justicia.
«La viralización de falsedades contra un funcionario público no es libertad de expresión, es un delito», señaló el documento.
El juzgado tiene 48 horas para decidir si aplica las medidas de coerción. De aprobarse, Ingrid Jorge deberá depositar el millón de pesos, entregar su pasaporte y firmar un registro periódico.
Si se demuestra su culpabilidad, enfrentaría penas de prisión y multas millonarias.
Este caso ocurre en medio de tensiones entre comunicadores independientes y autoridades en RD, donde redes sociales son usadas tanto para denuncias legítimas como para campañas de difamación.
¿Libertad de expresión o delito? El tribunal tendrá la última palabra.
Fuente: SIN Noticias.