El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, expresó su pesar por la falta de sanciones en la República Dominicana para aquellos que exceden los gastos durante la precampaña electoral de los partidos políticos. La Ley 20-23 de Régimen Electoral, en su artículo 221 sobre «sanción por exceso de gastos en campaña», establece únicamente una multa equivalente al triple del monto que fue sobrepasado. Jáquez Liranzo subrayó que, actualmente, un candidato que exceda el 5% del límite de gastos en campaña puede recibir una multa de tres veces la cantidad excedida. En caso de implicaciones penales, se debe presentar una denuncia ante los órganos del Ministerio Público y del Poder Judicial correspondientes.
Asimismo, enfatizó la necesidad de establecer sanciones efectivas y proporcionales para garantizar la rendición de cuentas en caso de incumplimientos en las normas de financiamiento, incluyendo multas, pérdida del financiamiento público o incluso la descalificación de las candidaturas. Jáquez Liranzo resaltó que la transparencia en las fuentes de financiamiento y el uso de los recursos son elementos esenciales para asegurar un proceso electoral transparente y conforme a la integridad electoral. En este sentido, abogó por la divulgación oportuna y completa de las contribuciones recibidas y los gastos realizados durante la precampaña y campaña por parte de las organizaciones políticas.
Para fortalecer la integridad de los procesos electorales, sugirió la identificación de donantes privados, establecimiento de límites en las contribuciones individuales y regulación de donaciones anónimas o de fuentes extranjeras. Jáquez Liranzo enfatizó que garantizar la transparencia en el uso de fondos, tanto públicos como privados, por parte de las organizaciones políticas es crucial para la protección y preservación del sistema político y los procesos electorales. Además, subrayó que la rendición de informes de las organizaciones políticas es un mecanismo para posibilitar un voto informado y ajustar su comportamiento al ordenamiento jurídico aplicable. Estas declaraciones fueron hechas por el magistrado durante su participación en un seminario sobre transparencia y gestión pública. – Diario Libre –