El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó en su cuenta de Twitter que el país centroamericano no había registrado homicidios en los primeros dos días de abril. Sin embargo, esta noticia es agridulce, ya que se atribuye a un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, lo que puede generar preocupaciones sobre los derechos humanos y la protección de los ciudadanos. Además, el mandatario no ofreció información detallada sobre si se registraron homicidios en marzo y cuántos fueron.
Cabe mencionar que el régimen de excepción al que hace referencia Bukele es conocido como el Plan Control Territorial, una política de seguridad que ha sido criticada por organismos internacionales de derechos humanos por la posible violación de las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Sin embargo, el presidente salvadoreño ha defendido su estrategia y ha destacado los resultados positivos en la disminución de los índices de violencia en el país. Además, ha implementado una serie de medidas que buscan mejorar la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos, como la construcción de viviendas sociales, la entrega de paquetes alimentarios y la creación de empleos.
A pesar de las críticas, el gobierno de Bukele ha logrado reducir significativamente los índices de violencia en El Salvador, un país que ha sido considerado uno de los más peligrosos del mundo debido a su alta tasa de homicidios.
La cifra de homicidios de 2022 es la más baja desde 2019, año en que Bukele llegó a la Presidencia. En 2019 se registraron más de 2.390 muertes y en 2020 el número fue de más de 1.340 asesinatos, atribuidos principalmente a los miembros de pandillas.
El país centroamericano llegó a registrar tasas de 103 y 36 homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2019, la mayoría de las muertes atribuidas a las pandillas.
El país registró en 2015 el año más violento de su historia reciente y en 2016 comenzó a disminuir la cifra de asesinatos, tendencia que se acentuó en el Ejecutivo de Bukele.
La polémica medida del régimen de excepción en El Salvador, que cumple un año de implementación, ha resultado en la captura de más de 65.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. Este régimen suspende derechos constitucionales y permite la detención administrativa por hasta 15 días.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado la medida y calificado de «falso positivo» la cifra de homicidios reportada por el Gobierno salvadoreño, acusando al país de llevar a cabo una «destrucción democrática». El presidente Bukele no ha respondido directamente a los comentarios de Petro, pero ambos han intercambiado mensajes en las redes sociales desde principios de marzo.