En los actos del Poder Ejecutivo depositados en el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República detalló que realizó más de 200 informes donde halló posibles irregularidades en las instituciones públicas durante el 2023.
De acuerdo con el informe ejecutivo, la Contraloría presentó informes donde describe las falencias y, aunque no las detalla en las actas del Poder Ejecutivo, establece que las traspasó hasta la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El documento puntualiza que, en el 2021, la Contraloría creó una división de investigación y antifraude que arrojó un total de 273 posibles irregularidades que son investigadas por el Ministerio Público.
Además, se especifica que se ejecutaron seis informes de identificación de riesgos en instituciones públicas y otros nueve informes de recomendación de prevención.
Para fortalecer sus investigaciones, la institución detalló que ejecutó 103 auditorías con sus informes correspondientes.
Auditorías
En la misma presentación, que actualmente estudia una comisión bicameral, la Contraloría estableció que fortaleció las auditorías municipales con la conformación de cuatro equipos que realizaron más de 12 fiscalizaciones a los gobiernos locales.
Nueva ley
Asimismo, el informe del Gobierno destaca la creación de una nueva ley que estudia el Senado para dar más poder sancionador a la Contraloría en caso de hallar irregularidades en las entidades públicas. La propuesta busca modificar la Ley 10-07 y fue depositada en diciembre en el Senado.