La jueza de instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha dado su autorización al Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones sobre las cuentas bancarias y registros telefónicos de fiscales vinculados a una red nacional que se dedica a eliminar antecedentes penales de procesados a cambio de sobornos.
La magistrada tomó esta decisión al aceptar una solicitud presentada por el Ministerio Público, que actualmente está llevando a cabo una investigación contra los fiscales adjuntos involucrados, cuyos nombres aún no han sido revelados.
Esta designación de la jueza para supervisar las investigaciones realizadas por el Ministerio Público contra los fiscales adjuntos es parte del procedimiento específico establecido en el marco legal para la persecución penal contra los servidores del sistema de justicia.
Hasta el momento, se ha hecho público el nombre de un fiscal implicado en esta investigación, el titular de la provincia Independencia, Soni Adriano Rosario, quien ha sido suspendido de sus funciones. También se ha mencionado la posible implicación de un fiscal de la jurisdicción de Santiago.
El Ministerio Público alega que los fiscales y supervisores estaban actuando en connivencia con inspectores de la Dirección de Migración. Estos inspectores ocultaban los registros de impedimentos de salida del sistema durante un tiempo específico, nunca superior a tres días, para permitir que las personas salieran del país a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
En este caso, figuran acusados Mártires Rosario Reyes y Luis Alfredo Astacio Polanco, entre otros. Además, se imputan cargos a individuos como Alfredo Mirambeaux Villalona, Domingo Julio Santana Sánchez, Rubén Darío Morbán Santana, Laudelina Esther Reyes, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Dilcia Argentina Nuñez Santos, Alexander Romanqui Dotel, Pilar Irene Medina Trinidad y Vicente Ferrer Monegro.
Entre las acusaciones dirigidas al fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario, que llevaron a su suspensión, se encuentran participar en una red que traficaba mercancías a través de la frontera y manejar de manera inadecuada expedientes, evidencias y documentos. Estas acusaciones fueron detalladas en la resolución del Consejo Disciplinario del Ministerio Público, emitida el 8 de agosto pasado, que ordenó su suspensión sin sueldo.
Se le acusa al fiscal Adriano Rosario de abusar de su posición y utilizar bienes institucionales para transportar mercancía de contrabando, incluyendo cigarrillos ilegales. Además, se indica que entregaba de manera irregular bienes muebles e inmuebles relacionados con procesos penales, beneficiando a personas vinculadas con diversos delitos, violando protocolos y procedimientos institucionales sobre manejo de evidencias de forma irregular en la organización y control de expedientes y registros de casos, entre otras acusaciones.