El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido condenado a 45 años de prisión por una corte de Nueva York, Estados Unidos, tras ser declarado culpable de múltiples delitos relacionados con el narcotráfico. Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 a 2022, enfrentaba acusaciones de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos en apoyo al narcotráfico, así como posesión de armamento durante sus actividades vinculadas al tráfico de drogas.
El juez Kevin Castel no solo impuso la pena de cárcel, sino también el decomiso de sus bienes y una multa de 8 millones de dólares. Durante la audiencia, Hernández mantuvo su inocencia, argumentando que fue acusado de manera injusta, a pesar de haber participado activamente en su defensa durante el juicio.
Las acusaciones indicaron que Hernández colaboró estrechamente con cárteles de la droga durante su mandato, permitiendo el paso de grandes cantidades de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos. A cambio de estas facilidades, se alega que recibió millones de dólares en sobornos, utilizados para financiar su carrera política en Honduras.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que Hernández «protegió y enriqueció» a narcotraficantes cercanos a él, utilizando su posición presidencial para garantizar la impunidad de los traficantes que lo apoyaban mientras extraditaba a aquellos que representaban una amenaza para su control. Según Merrick Garland, secretario de Justicia de EE.UU., Hernández convirtió a Honduras en un «narcoestado», abusando de su poder para facilitar el tráfico de drogas y permitir a narcotraficantes operar sin restricciones, incluso utilizando recursos estatales como la Policía Nacional para asegurar el transporte seguro de los cargamentos de cocaína.
Durante el juicio, varios narcotraficantes testificaron contra Hernández, afirmando que recibió dinero de cárteles de drogas para financiar su campaña presidencial, incluyendo un millón de dólares del cártel de Sinaloa dirigido por Joaquín «El Chapo» Guzmán. Estas revelaciones han puesto en entredicho su administración y su compromiso con el estado de derecho en Honduras.