La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha fijado para el 11 de abril la audiencia en la que se conocerá la demanda en reparación patrimonial interpuesta contra el Estado dominicano y el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Dubocq, por los sucesores de Pedro Rolando Cedeño.
La acción legal surge debido al incumplimiento de la sentencia 0030-03-2022-SSEN-00193, emitida el 29 de abril de 2022, que condenó al Estado al pago de RD$1,809,523,332.50 por la expropiación de un terreno de aproximadamente ocho millones de metros cuadrados en San Rafael del Yuma, La Altagracia, en 1975.
Los abogados Julio Cury y José Alberto Cruceta hijo denunciaron que, aunque el Ministerio de Hacienda incluyó la suma en el Presupuesto General del Estado de 2024, el ministro Vicente Dubocq se ha negado a efectuar el pago.
“El incumplimiento de una sentencia firme por el capricho de un funcionario vulnera el Estado de derecho”, afirmó Cruceta hijo.
Por su parte, Cury señaló que la negativa del ministro de Hacienda atenta contra la seguridad jurídica y el debido proceso, subrayando que «una sentencia que no se cumple convierte en ilusoria la tutela jurisdiccional efectiva».
La demanda también solicita la indexación del monto impagado en RD$178 millones y una compensación de RD$199 millones por daños extrapatrimoniales, debido a la “imprudencia grave” en la omisión administrativa.