Buenas noticias al fin para Isabel Pantoja. La tonadillera no tendrá que volver a la cárcel pues ha sido absuelta del presunto delito de insolvencia punible por la venta de su chalé en Marbella, en el que vivió con su ex pareja Julián Muñoz, y por el que el fiscal pedía 3 años de prisión para ella.
Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez de lo Penal número 5 de Málaga ha dictado sentencia absolutoria un mes después de que se celebrara el juicio, con lo que se libra de una nueva condena que podría haberla llevado de nuevo a prisión.
El pasado mes de marzo, la madre de Kiko Rivera volvió a sentarse en el banquillo de los acusados de los juzgados de Málaga.
El mismo lugar al que acudió en en 2012 y terminó siendo condenada en 2014 por blanqueo de capitales.
El caso que había llevado otra vez a los juzgados a la tonadillera venía como consecuencia de una supuesta deuda tras una reforma de ‘Mi Gitana’, su casa en Marbella. Pantoja había sido acusada como administradora única de Panriver 56, empresa que participó en una operación supuestamente irregular de deuda.
En esta causa también estaba acusado como supuesto autor del mismo delito el administrador de una sociedad, que llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa de Pantoja por una deuda, presuntamente en perjuicio de una tercera firma.
Según el escrito del fiscal, Penriver 56 tenía en 2002 una deuda con una primera empresa, con la que tuvo un pleito en los tribunales de Madrid.
Le reclamaba a la sociedad de la cantante una determinada cantidad por unas reformas en «Mi Gitana». El procedimiento concluyó con una sentencia que condenaba a la sociedad de Patoja a pagar 114.100 euros y se embargó el crédito que pudiera tener a su favor.
Así, en 2009, se embargó la propiedad en Nueva Andalucía. Con el crédito embargado y con Pantoja interesada en la venta del inmueble, la Fiscalía de Málaga afirmaba que maniobró con el otro imputado para beneficiarse.
Por eso, el Ministerio Público la acusaba de que en marzo de 2015, con la cantante cumpliendo pena prisión, se hizo una escritura pública para, presuntamente, abonar esa deuda rebajada a 62.759 euros. La otra empresa que recibía el dinero renunciaba a cualquier reclamación.
La Fiscalía exponía en su escrito que los acusados instaron a que se archivara el procedimiento, impidiendo que la primera empresa cobrara la cantidad de 114.108 euros, así como la realización de las fincas embargadas.