Indotel detecta uso inusual de tecnología para brujería en cárcel

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció que actualmente esa institución lleva a cabo labores para bloquear señales en cinco centros penitenciarios del país, como parte de sus esfuerzos para combatir irregularidades en esas instalaciones. Durante uno de los operativos, se descubrió un centro de consultas de brujería que operaba desde una cárcel, donde los pagos por los servicios eran depositados en cuentas bancarias.

“Hace poco localizamos dentro de un penal una fuente de consultas espirituales, y el dinero de esas consultas era transferido a una cuenta bancaria”, detalló Gómez Mazara.

El titular de Indotel informó además que, con la reciente apertura del centro penitenciario Las Parras, la entidad tiene previsto instalar laboratorios tecnológicos en ese recinto, como parte de un plan más amplio para fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema carcelario.

En paralelo, Gómez Mazara también se refirió al cierre de 38 emisoras que operaban de forma ilegal, muchas de las cuales estaban protegidas por militares y figuras políticas de distintas corrientes partidarias.

Por otro lado, destacó que se avanza en un proyecto conjunto entre Indotel y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) que busca reducir la brecha digital en el país.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un acto celebrado en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde se presentó oficialmente el Reglamento de Aplicación para el Uso de Documentos y Firmas Digitales en la Función Notarial.

Este reglamento, aprobado mediante la resolución 50-2024 del Pleno de la SCJ, establece las pautas para implementar documentos y firmas digitales en los procesos notariales. La normativa está alineada con lo dispuesto en la Ley 140-15 sobre Notariado y la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, y tiene como propósito modernizar los servicios, garantizando la seguridad jurídica de los documentos en formato electrónico.

El reglamento cuenta con el respaldo de varias instituciones, entre ellas el Colegio Dominicano de Notarios, el Indotel, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana.

Durante su intervención, el presidente de la SCJ, Henry Molina, subrayó que esta medida representa un avance significativo hacia un Poder Judicial moderno, accesible, humano y alineado con los principios del Estado de Derecho.

“El nuevo reglamento permitirá a los ciudadanos realizar trámites notariales desde cualquier lugar, eliminando barreras físicas y reduciendo costos, lo que representa una mejora sustancial en el acceso a la justicia, especialmente para personas en zonas remotas o con movilidad limitada”, explicó.

Molina también afirmó que esta innovación mantiene intacta la función del notario como garante de la fe pública, pero ahora equipada con herramientas digitales que permiten ejercer dicha función en entornos más eficientes y seguros.

“El principio de integridad documental, la protección de datos personales, la trazabilidad de los cambios y la confidencialidad se convierten en pilares técnicos y éticos de esta nueva era”, agregó.

El Colegio Dominicano de Notarios será el encargado de supervisar el cumplimiento de las normativas éticas y legales en el uso de las firmas digitales. Para ello, deberá evaluar previamente a quienes deseen ser habilitados para emitir dichas firmas, además de ofrecer la capacitación correspondiente.

Una vez habilitados, los notarios podrán solicitar su firma digital cualificada ante entidades certificadoras autorizadas por el Indotel. En el caso de los funcionarios consulares, será el MIREX quien gestionará el proceso. Estas disposiciones también aplican a cónsules designados en el exterior.

Asimismo, el Consejo de Administración de la Plataforma de Gestión Notarial será el órgano responsable de tomar decisiones estratégicas y garantizar el cumplimiento del reglamento, el cual deberá entrar en vigencia en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su publicación.