La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) presentó una denuncia formal contra el exministro de Educación Ángel Hernández, acusándolo de violar la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Según la organización, Hernández habría omitido de forma deliberada en su declaración jurada la existencia de una sociedad comercial creada en marzo de 2022, meses antes de ser designado como ministro mediante el Decreto 414-22, emitido el 3 de agosto de ese año.
El presidente de ADOCCO explicó que el exfuncionario no incluyó en su declaración “su activo familiar más valioso ni su empresa familiar con fines de lucro”, refiriéndose a Constructora Playa Morón, registrada ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual el 31 de enero de 2022 bajo el número 4754-2022. Posteriormente, el 17 de marzo de 2022, la compañía fue formalmente constituida con el RNC 1-32-57050-2 y el Registro Mercantil No. 1827855D.
De acuerdo con la denuncia, la empresa está a nombre de la esposa del exministro, Miriam de Jesús Acosta Peralta, y su hija, Alejandrina María Hernández Acosta. El 29 de septiembre de 2022, un mes después de que Hernández asumiera el cargo, la compañía adquirió un terreno de 7,854.74 metros cuadrados en Las Terrenas, Samaná, por RD$ 31,095,000.00.
ADOCCO destaca que, según precios referenciales de la zona, el valor estimado de una propiedad de esas características supera los US$ 4 millones, y que el inmueble no presenta gravámenes, lo que hace presumir que la compra se realizó en efectivo. La organización cuestiona que los ingresos reportados por Hernández y su esposa no corresponden con una transacción de ese monto.
La denuncia señala que la omisión de esta empresa en la declaración de bienes viola los artículos 5 y 8 (acápite 4) de la Ley 311-14, que obliga a los funcionarios a reportar todos los activos y pasivos de su núcleo familiar. Además, considera que estos hechos constituyen una infracción a la Ley 155-17, que sanciona el lavado de activos.
Por ello, ADOCCO solicitó al Ministerio Público abrir una investigación formal contra Ángel Enrique Hernández Castillo y determinar si hubo otras personas involucradas en los hechos denunciados, así como recolectar pruebas para sustentar una eventual acusación penal.