El imputado en caso Antipulpo, Aquiles Cristopher Sánchez, comenzó con su defensa de la lectura de la acusación en la audiencia preliminar acusando al Ministerio Público de crear teoría basada en suposiciones para que “lo encerraran todo este tiempo”.
Manifestó que entendía que el Ministerio Público tenía la obligación de investigar de manera objetiva para fortalecer la acusación, descargar o retirar las acusaciones, pero que en su caso no ha sucedido.
El exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), indicó que el órgano acusador le ha imputado una serie de acusaciones, motivadas con vehemencia, han provocado su privación de libertad en estos casi dos años.
Detalló que entre las principales acusaciones se encuentran lavado de activos, enriquecimiento ilícito, soborno y que ninguna de estas imputaciones se encuentra contenidas en la acusación definitiva presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
En cuanto a la no presentación jurada de bienes, Aquiles Cristopher Sánchez, dijo que, en su condición de funcionario de cuarto nivel del Estado, no necesita hacer dicha declaración tal como consta en la certificación número 000557/2022 de fecha 13 de enero del presente año emitida Cámara de Cuentas.
El togado basó su alegato en que luego del apresamiento de su defendido, se le conoció la solicitud de medida de coerción 9 días después, cometiendo con esto una violación a las 48 horas establecidas en el Código Procesal Penal, al igual que la presunción de inocencia de su cliente la misma está contenida en el artículo 14 del referido código.
Aunque el letrado aclaró que no es problema del Ministerio Público, si no de sistema, señaló que el órgano persecutor
no ha demostrado ninguna de las pruebas sobre las acusaciones y que dicho expediente fue presentado fuera de plazo.
Ante estas afirmaciones, el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, objeto indicando que esos planteamientos sobre lo sucedido en el proceso no son pertinentes en la audiencia preliminar.
Con voz firme, el magistrado Deiby Peguero, dictó un no ha lugar, alegando que un análisis de esta naturaleza le compete conocer, razón por la cual es un juez garantista.
Aquiles Cristopher Sánchez es el primero en presentar sus alegatos de defensa de la lectura de la acusación que señala a 26 personas más y a 21 empresas.