El Ministerio Público presentó nuevos elementos dentro del caso Operación Camaleón, que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras Goico, así como a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros exfuncionarios.
De acuerdo con el expediente actualizado, Beras habría ordenado modificar el Plan Operativo Anual (POA), elevando el costo del proyecto de semaforización de RD$104 millones a RD$1,200 millones, un aumento del 1,053 %, sin respaldo técnico ni presupuestario.
El documento también establece que el llamado “apagón de los semáforos” no fue consecuencia de un sabotaje externo, como se informó inicialmente, sino de una desinstalación controlada del software de gestión, presuntamente ejecutada por orden de los directivos del Intrant para justificar una contratación directa con una empresa específica.
Según la acusación, Beras habría ignorado advertencias técnicas internas sobre la incompatibilidad del sistema y aun así firmó la adenda del contrato, pese a las objeciones planteadas. El expediente describe además una triangulación de pagos desde el Intrant hacia una empresa recién creada y sin operaciones previas, que habría funcionado como fachada para el desvío de fondos públicos.
En el caso de Jochi Gómez, el Ministerio Público lo señala como beneficiario real de la empresa Aurix S.A.S., la cual carecía de estructura operativa y habría servido como vehículo para el control fraudulento del sistema de semáforos y de vigilancia.
Asimismo, se le vincula con las firmas Inprosol S.R.L. y OML Inversiones S.R.L., utilizadas según la investigación para movilizar fondos y adquirir bienes de lujo en La Altagracia, además de imputársele el contrabando de equipos de espionaje durante la pandemia, importados a través de Aurix.
A la lista de acusados se suman Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, quienes habrían participado en diversas fases de la trama.
El caso fue declarado complejo en octubre de 2024 por la jueza Fátima Veloz, quien impuso medidas de coerción contra Beras, Gómez y los demás implicados. Legisladores y sectores sociales han expresado preocupación ante la magnitud de las irregularidades reveladas por el Ministerio Público.