Una mujer fue sometida a la justicia por presuntamente atacar de forma reiterada y con extrema crueldad a una perra callejera recién parida, en el sector Villa Juana, del Distrito Nacional.
Los hechos ocurrieron el 11 de abril de 2025 cuando, según la acusación, Mildred Margarita Victoriano lanzó agua hirviendo sobre el animal, provocándole quemaduras en aproximadamente el 85 % de su cuerpo. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, no se trató de un hecho aislado: días antes la imputada habría rociado a la misma perra con ácido de batería y, posteriormente, la habría agredido con botellazos, causándole heridas de gravedad.
Defensores de los derechos animales relataron que la perra se refugiaba junto a sus cachorros debajo de una escalera y que el ataque se habría producido desde un tercer nivel, luego de que la agresora hirviera agua durante varios minutos antes de lanzarla sobre el animal.
El caso fue denunciado por el joven William Betances, con el respaldo de organizaciones dedicadas a la protección animal, las cuales asumieron la defensa del animal y han dado seguimiento legal al proceso. El expediente es conocido por el fiscal Jhonny Arroyo, quien aseguró que el caso será llevado conforme a lo que establece la ley.
Debido a la gravedad de las quemaduras, la perra perdió gran parte de su piel y requirió atención veterinaria especializada, lo que implicó elevados costos médicos para salvarle la vida. Los cachorros tuvieron que ser retirados del lugar para protegerlos.
El proceso judicial ha generado controversia luego de que, en una de las audiencias, se cuestionara la legitimidad de los rescatistas y organizaciones para representar legalmente a un animal de la calle, alegando que no eran sus propietarios, pese a que la querella fue inicialmente admitida.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, se reservó el fallo para el próximo 5 de febrero, fecha en la que decidirá si la imputada será enviada a juicio de fondo. Mientras tanto, organizaciones animalistas y ciudadanos continúan exigiendo justicia y una aplicación más rigurosa de las leyes contra el maltrato animal.