El cuestionado ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, presentó su renuncia el miércoles, antes de la previsible aprobación de una moción de censura contra él en el Senado. La renuncia se conoce un día después de que la fuerte oposición al Gobierno de Iván Duque lo acusó de revivir el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales y de ocultar la muerte de ocho menores en un bombardeo contra disidentes de la extinta guerrilla de las FARC hasta fines de agosto pasado.
"Es mi deber como Ministro de Defensa tener una lectura adecuada de la situación política, por lo que he decidido presentar mi renuncia", dijo Botero al final de la tarde en un comunicado, después de reunirse con Duke y acordar que era el Salga más conveniente. "Permítanme informarles que he aceptado la renuncia", escribió el presidente poco después en Twitter. El presidente agregó que nombró al general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Militares, como ministro a cargo. "Nuestro compromiso es continuar garantizando la seguridad de los colombianos y combatir cualquier actividad criminal".
La renuncia, que se produce en medio de una grave crisis de seguridad debido a la ola de asesinatos en el departamento del Cauca, es un triunfo innegable para la oposición, que había pedido repetidamente el despido de Botero, constantemente rodeado de controversia a pesar de vestirse arriba en la cúpula militar. Su partida, la segunda víctima en el Gabinete de Duque en poco más de un año, profundiza la crisis de popularidad del Ejecutivo, debilitada después de las elecciones locales del mes pasado en las que el Centro Democrático, el partido del gobierno, cedió terreno en las principales ciudades. del país.
Botero, representante de los sectores más similares al ex presidente Álvaro Uribe en el Gobierno, había estado a cargo de la cartera desde que Duque asumió la presidencia hace 15 meses. El ex líder empresarial arrastraba considerable desgaste político, en medio de las crecientes críticas a su gestión. Entre las muchas acusaciones a su figura, se destaca el regreso del fantasma de los "falsos positivos" – ejecuciones extrajudiciales a civiles presentados como víctimas en combate -, con varios casos para aclarar en Un país que busca pasar la página después de más de medio siglo de guerra. De hecho, sus declaraciones erráticas sobre la muerte del ex guerrillero Dimar Torres a manos de un cabo del Ejército el 22 de abril fueron una de las fuertes controversias que contribuyeron a su caída.
El martes, los partidos de la oposición interrogaron duramente al ministro durante el debate en el Senado sobre la segunda moción de censura en su contra que se votará el próximo miércoles. El promotor de la iniciativa legislativa, Roy Barreras, lo acusó de ocultar que había siete menores de edad, entre 12 y 17 años, entre los 14 muertos en un bombardeo militar en una zona rural del departamento de Caquetá. Este miércoles, la Fiscalía aumentó el número de menores entre los 15 muertos en el ataque a ocho y dijo que todavía hay dos cuerpos para identificar.
"Ocultar esas muertes de Colombia es razón suficiente para que este Senado lo censure, como estoy seguro de que lo hará por primera vez", dijo el senador del Partido U, quien durante el día anunció que votaría a favor de la moción de censura. Tanto el Partido Liberal como Radical Change, que no forman parte de la coalición gubernamental o de la oposición, también anunciaron que apoyaban la moción.
Los críticos de la oposición a la gestión de Botero también incluyen las controvertidas promociones de oficiales vinculados a casos de "falsos positivos", errores en el informe de inteligencia sobre Venezuela que Duque presentó a la ONU, el aumento de la percepción de inseguridad en todas las ciudades y la imposibilidad de evitar los asesinatos de líderes sociales, indígenas y excombatientes que firmaron la paz.
El ministro hasta el miércoles se convierte en la segunda víctima en el gabinete del duque. Fue precedida por Gloria María Borrero, quien renunció a la cartera de Justicia en mayo pasado, en medio de la crisis institucional causada por la decisión judicial de liberar a Jesús Santrich. El ex comandante de las extintas FARC pronto se convirtió en un fugitivo de las autoridades, y más tarde, en agosto, anunció que procedería a rearmarse en un video.