Una nueva controversia política sacude a Puerto Rico tras las denuncias de que la gobernadora Jenniffer González habría compartido con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos información personal de inmigrantes dominicanos indocumentados, supuestamente con fines de detención y deportación.
La acusación fue realizada por el congresista puertorriqueño Pablo Hernández y el exgobernador Alejandro García Padilla, quienes calificaron el hecho como una “traición” a la comunidad dominicana en la isla. Alegan que las autoridades locales habrían recopilado los datos bajo el pretexto de trámites para licencias de conducir, y luego los habrían transferido al gobierno federal.
“El Gobierno de Puerto Rico traicionó a los dominicanos… les dieron tres golpes y luego los tiraron al mondongo”, expresó Hernández, criticando el uso de la información entregada voluntariamente por los solicitantes para propósitos distintos a los previstos.
García Padilla también condenó lo que consideró un discurso estigmatizante hacia los inmigrantes: “Es inaceptable que una figura de su nivel utilice narrativas que avivan el prejuicio contra una comunidad que ha contribuido enormemente al desarrollo de nuestro país”.
Las denuncias se producen tras un reporte de NPR, donde la directora de Investigaciones de Seguridad Nacional en Puerto Rico, Rebecca González Ramos, confirmó que su oficina solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas información sobre inmigrantes con licencias de conducir.
Según González Ramos, en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses residen cerca de 20,000 inmigrantes en situación irregular, y la meta es deportar al 100 % de esa población. Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, se han registrado alrededor de 500 arrestos, de los cuales un 75 % serían dominicanos. Menos del 80 % tenía antecedentes penales, siendo el reingreso ilegal el delito más frecuente.
Hasta el momento, la gobernadora Jenniffer González no ha emitido declaraciones sobre el tema.
Organizaciones de derechos civiles y representantes de la comunidad dominicana han expresado preocupación por el uso de datos personales y han exigido transparencia en el manejo de la información, así como respeto a los derechos humanos, independientemente del estatus migratorio.