Una jueza federal de Estados Unidos ordenó confirmar un laudo arbitral que obliga a la República Dominicana a pagar cerca de US$44 millones al empresario Michael Lee-Chin, tras una disputa legal de casi una década vinculada al vertedero de Duquesa.
La decisión fue emitida por la jueza Colleen Kollar-Kotelly, quien respaldó en su totalidad la recomendación de un magistrado y rechazó los intentos del Estado dominicano de anular el fallo internacional.
El conflicto se remonta a 2013, cuando el entonces alcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, anunció la cancelación del contrato con la empresa Lajun Corporation, alegando incumplimientos y riesgos en la operación del vertedero de Duquesa.
Posteriormente, en 2017, el ayuntamiento declaró una emergencia sanitaria y ratificó la rescisión del contrato bajo la gestión de René Polanco Vidal. Más adelante, en 2019, el Tribunal Contencioso Administrativo declaró nulo el acuerdo de concesión.
Sin embargo, Lee-Chin quien había adquirido el 90 % de la empresa consideró la medida como una expropiación ilegal y llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, instancia del Banco Mundial.
En octubre de 2023, el tribunal arbitral falló a su favor, concluyendo que el Estado dominicano violó el principio de trato justo y equitativo. Como resultado, se ordenó el pago de US$38.7 millones por la expropiación y US$4.8 millones por trato inequitativo, además de intereses y costos legales, sumando más de US$43.6 millones.
Esta decisión representa un revés para el Estado dominicano en un caso que ha generado debate sobre la seguridad jurídica y la gestión de contratos públicos en el país.