El presidente Luis Abinader creó, a través de un decreto, una comisión especial con el fin de velar que los funcionarios cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes, y excluir de la nómina a quienes no cumplan con este requerimiento.
“Se instruye a la Contraloría General de la República a no autorizar la inclusión en nómina pública de los funcionarios del Poder Ejecutivo que no hayan cumplido con el requisito de presentar su correspondiente declaración jurada de patrimonio”, leía parte del referido documento.
La misma tiene el nombre de “Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos”, de acuerdo con la orden presidencial número 344-22.
Asimismo, en el decreto se especificó que la comisión será integrada por los titulares de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), quien la dirigirá; el del Ministerio de Administración Pública; del de Relaciones Exteriores (Mirex); Contraloría General y Consultoría Jurídica.
Esto significa que, en la actualidad, este grupo está conformado por Milagros Ortiz Bosch, quien la presidirá, Darío Castillo Lugo, Roberto Álvarez, Catalino Correa y Antoliano Peralta Romero.
Entre las funciones de la comisión está facilitar a la Cámara de Cuentas la información necesaria para el cumplimiento de la Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.
También deben recomendar al presidente de la República la aplicación de las sanciones previstas en la ley contra los que violen la obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonio, así como cualquier otra atribución que le confiera el mandatario.
Ya la comisión ha hecho sugerencias al presidente, con Ortiz Bosch revelando a mediados del pasado mes de agosto que solicitó al Poder Ejecutivo la cancelación de siete funcionarios del Gobierno, que forman parte de un total de 41 que no han presentado su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas.
Asimismo, la funcionaria explicó que en abril había 44 funcionarios pendientes de presentar su declaración patrimonial, conforme a la Ley 311-14, tres de los cuales correspondían al Poder Judicial.
También, había una diputada y dos funcionarios de estos que entregaron sus declaraciones el jueves pasado y por eso están en proceso. No obstante, indicó que 15 completaron sus declaraciones, pero 13 prefirieron renunciar para no presentar sus declaraciones juradas.