El presidente Luis Abinader declaró este viernes estado de emergencia nacional para las compras y contrataciones públicas destinadas a enfrentar los graves daños causados por la tormenta tropical Melissa, que afectó duramente el Distrito Nacional y 14 provincias antes de convertirse en huracán tras su paso por el país.
La disposición, contenida en el Decreto 627-25, autoriza a más de 20 instituciones gubernamentales a realizar adquisiciones y contrataciones bajo el procedimiento de excepción por emergencia nacional, con el propósito de reparar infraestructuras, restablecer servicios esenciales y apoyar a las familias afectadas.
Entre los organismos incluidos figuran los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Educación, Agricultura, Interior y Policía, Turismo y Salud Pública, junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), Promese/Cal, Inapa, Indrhi, Propeep, las empresas distribuidoras de electricidad (Edesur, Edenorte y Edeeste), la ETED, la Caasd y la Defensa Civil, entre otros.
El decreto establece que esta declaratoria tendrá una vigencia de 30 días y que las instituciones deberán presentar informes detallados a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, además de publicar las informaciones en el Portal Transaccional de Compras Públicas.
La medida se basa en los informes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que indican que Melissa provocó inundaciones, deslizamientos de tierra y serios daños en viviendas, carreteras, cultivos y servicios básicos, dejando comunidades incomunicadas y cientos de desplazados.
“El alcance de los daños materiales demanda una respuesta inmediata y mecanismos extraordinarios”, señala el documento, que subraya el compromiso del Gobierno de asistir con urgencia a las zonas más golpeadas.
Las provincias más afectadas son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Nouel, además del Distrito Nacional.
El decreto concluye que todas las acciones deberán ejecutarse respetando los principios de necesidad, razonabilidad y supremacía del interés general, en conformidad con la Constitución y la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.