Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, asevera que el trabajo del ministerio público, no consiste en buscar la aprobación del público, ni mucho menos, de verlo como un puente para la promoción personal, más bien, realizarlas tarea profesional que le compete al servidor público.
Dice que continuarán trabajando para dignificar los miembros del ministerio público, así como la institucionalización de la carrera, la capacitación técnica, y que los méritos profesionales y el desempeño funcional sean tomados en consideración en la promoción interna.
Germán Brito señaló que el Ministerio Público es el motor del proceso penal y resaltó que ese protagonismo es hoy día reconocido y valorado. “Si bien somos un cuerpo expuesto al constante escrutinio público y a la crítica de muchos sectores, hemos sabido mantener y defender la objetividad en los procesos promovidos, sin sucumbir al populismo o a la inmediatez”, manifestó durante el acto realizado en el Auditorio Manuel del Cabral, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
“Lo anterior tiene un valor que debe ser resaltado. Sobre todo, en estos momentos. Debe entenderse que la justicia tiene sus reglas y sus tiempos”, subrayó.
Destacó que en 2022 se solucionaron 19,200 conflictos por medio de salidas alternas, y se lograron 7,999 aperturas a juicio y unas 4,993 condenas.
En cuanto a la persecución penal, dijo que han dado especial relevancia a proteger a las víctimas y testigos, al indicar que se ha brindado asistencia focalizada en, al menos, 1,300 casos.
“Convencidos de la necesidad de una ley de protección de víctimas, estamos en disposición de presentar al Congreso Nacional nuestra propuesta de programa en ese sentido, para que sea tomada en consideración para la elaboración de una ley sobre la materia”, expresó en su discurso la máxima representante del Ministerio Público.
De la Ley que crea el Ministerio de Justicia, expresó que es vital clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público como órgano que dirige la política criminal del Estado, deslindándola de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, que son propias de entes del Poder Ejecutivo.
Expuso que la sobrepoblación penitenciaria sigue siendo el principal desafío y que queda mucho camino que recorrer para lograr la dignificación de las cárceles.
“Lo que sí puedo asegurar es que, luego que unificáramos ambos sistemas, la coordinación interinstitucional requerida para mejorar las condiciones de quienes cumplen condena se ha hecho mucho más fluida y constante. Mientras ejerzamos la rectoría del sistema, no escatimaremos esfuerzos para humanizar el cumplimiento de la pena”, dijo.