El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Mérido Torres de Jesús Espinal, ha solicitado una licencia laboral después de ser mencionado en el expediente de solicitud de medida de coerción del caso Calamar contra 20 exfuncionarios de la pasada gestión del gobierno de Danilo Medina.
En una rueda de prensa, Torres dio a conocer esta información y pidió una cita con la Procuraduría General de la República y con la directora de Ética, Milagros Ortiz Bosch, quien ha declarado que el funcionario tiene un caso pendiente con ellos. La solicitud de licencia laboral de Torres se da en medio de un ambiente tenso en la opinión pública, mientras se espera que el caso Calamar siga su curso en las próximas semanas.
«Mi disposición de ser investigado sobre los casos mencionados. En el día de hoy denuncio ante el país que he sido víctima de una campaña sucia de difamación e injuria por lo que anuncio que procederé legalmente en los tribunales contra quienes han mancillado mi buen nombre y nuestro honor difamándome a mí y a mi familia», señaló.
Dijo que está confiado de sus actuaciones en su vida pública y privada. Además dijo que demandará en daños y perjuicios ante los tribunales del país a las personas que, según él, lo han difamado. «Ya que puedo mencionar que todas mis actuaciones han sido correctas y estricto apego a la ley», dijo.
Según el documento depositado por los fiscales en el caso Calamar, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Mérido Torres de Jesús Espinal, recibió del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, la suma de RD$32,065,992 por el pago de unos terrenos que se presume que eran de su propiedad.
Cuando salió la información de que el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Mérido Torres de Jesús Espinal, había recibido dinero del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, por el pago de unos terrenos, Torres emitió un comunicado de prensa en el que calificó estas acusaciones como una injuria.
Según Torres, se trataba de una campaña de descrédito en su contra y por eso no iba a renunciar a su cargo ni solicitaría una licencia. Torres también expresó que cuando salió la información en los documentos del caso Calamar el año pasado, se puso a disposición del Ministerio Público y entendió que ese órgano inició su investigación. Estas declaraciones han generado diversas reacciones en la opinión pública y han mantenido a Torres en el centro de la controversia.