El Ministerio Público pidió este viernes que se imponga prisión preventiva y se declare como caso complejo a ocho personas físicas y una persona jurídica vinculadas a una red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario. Esta red fue desmantelada tras un amplio operativo en distintos sectores del municipio de Bonao, en la provincia Monseñor Nouel.
Entre los acusados figura Fredery García Ortiz, identificado como líder de la organización y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., junto a su pareja María Carolina Durán Tavárez, quien también está implicada en las actividades ilícitas.
La lista de imputados incluye además a Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez, alias Chango. La empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L. fue formalmente acusada por servir como fachada para las operaciones fraudulentas.
La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, del Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en representación del Ministerio Público.
La investigación comenzó tras denuncias de clientes de una entidad financiera nacional, lo que desencadenó una exhaustiva labor de inteligencia apoyada por la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
Los investigadores identificaron que los implicados accedían de manera fraudulenta a perfiles de clientes, realizaban transferencias ilícitas hacia cuentas propias y luego retiraban los fondos mediante cajeros automáticos y ventanillas bancarias.
El operativo fue coordinado por el Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Cibernética.
En total, se efectuaron 34 allanamientos simultáneos con la participación de 40 fiscales y más de 200 agentes del Dicat, donde se incautaron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras pruebas relevantes. También se decomisaron sustancias controladas, vehículos y varias propiedades, presuntamente adquiridas con dinero proveniente del fraude.
El Ministerio Público tipificó los hechos bajo los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como bajo los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Para fundamentar su pedido de medidas cautelares, la fiscalía presentó evidencias documentales y tecnológicas que detallan el modus operandi y la estructura delictiva, además de los resultados obtenidos con las operaciones ilegales.
El órgano acusador calificó a esta red como una organización criminal estructurada y de alta peligrosidad, por lo que solicitó prisión preventiva para asegurar el proceso judicial y evitar posibles obstrucciones a la investigación, que continúa abierta para identificar a otros involucrados.