Francia dicta cadena perpetua a mujer por dejar morir de hambre a su hija de 13 años

Un tribunal en Montpellier, Francia, sentenció este viernes a Sandrine Pissarra, de 54 años, en cadena perpetua por la muerte de su hija Amandine, de 13 años, quien falleció en 2020 debido a extrema desnutrición y abusos prolongados. La condena incluye un período mínimo de 20 años sin acceso a beneficios penitenciarios, reflejando la gravedad de los hechos.

Detalles del caso

Amandine murió el 6 de agosto de 2020 en Montblanc, pesando solo 28 kilos y midiendo 1,55 metros. Su deceso fue causado por un estado de desnutrición severa (caquexia), septicemia y un posible síndrome de realimentación. La pasaron semanas adolescente encerrada en un trastero sin ventanas ni alimentos, mientras sufría constantes maltratos.

El informe forense reveló que, además de la desnutrición extrema, Amandine había perdido varios dientes, tenía el cabello arrancado y presentaba múltiples signos de abuso físico. Según un análisis psiquiátrico, Pissarra habría proyectado su odio hacia el padre de la niña en la menor, convirtiéndola en el objetivo de su crueldad.

El contexto del abuso

Los episodios más críticos comenzaron en marzo de 2020, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, cuando Amandine dejó de asistir a la escuela. Según el fiscal Jean-Marie Beney, la menor había sido sometida a violencia física y psicológica desde muy pequeña, con golpes, insultos y un trato sistemático que buscaba destruir su personalidad.

El tribunal presentó imágenes desgarradoras captadas por cámaras de vigilancia instaladas por la madre en el trastero donde mantenía a Amandine, lo que dejó en evidencia la magnitud del maltrato.

Condenas adicionales

La pareja de Pissarra, Jean-Michel Cros, fue condenada a 20 años de prisión por no intervenir para salvar a la menor. Esta sentencia superó la solicitud inicial de la fiscalía, reflejando su responsabilidad en el caso.

El caso ha conmocionado a la sociedad francesa, exponiendo la necesidad urgente de reforzar las redes de protección infantil y prevenir tragedias similares. El fiscal describió la situación como un «sistema dictatorial de tortura blanca», destacando la importancia de garantizar entornos seguros para los niños en riesgo.