El Partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó a la Junta Central Electoral (JCE) de no tomar medidas legales contra el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el uso indebido de los recursos estatales en la promoción de sus precandidatos y la compra de dirigentes y líderes de la oposición.
El delegado Político de la FP ante la JCE, Manuel Crespo, expresó su preocupación por la falta de acción por parte del organismo electoral, a pesar de tener herramientas legales para hacerlo. Destacó que en el pasado, la JCE solía ser proactiva en la toma de decisiones, aplicando sanciones y medidas cautelares, incluso sin las normativas actuales establecidas por la Ley del Régimen Electoral y la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Crespo también señaló que la nueva ley electoral establece la creación de una Procuraduría Especializada, pero hasta la fecha no se han tomado las medidas necesarias por parte de las autoridades encargadas del Ministerio Público para cumplir con esta disposición. Esto se vuelve preocupante, especialmente porque la campaña electoral ya ha comenzado y se requieren estructuras preparadas para responder a las demandas de este período.
En una nota de prensa, Manuel Crespo dijo que a pesar de presentar varias instancias denunciando el uso abusivo del dinero del pueblo desde hace más de un año, la FP y otros partidos de la oposición, el pleno del organismo electoral no ha tomado ningunas acciones jurídicas en contra del gobierno, el presidente Luís Abinader y el PRM.
“No vemos las sanciones o medidas cautelares, a pesar de que la JCE tienen en sus manos instancias que reposan en sus archivos desde hace más de un año, depositadas con documentos y pruebas sobre el proceso de compras de dirigentes que ha emprendido el actual gobierno y los funcionarios desesperados de la fallida reelección, para comprar regidores, alcaldes, diputados y líderes opositores y sin embargo no se ha colocado en la agenda del pleno este debate. Ni tampoco se ha adoptado ninguna resolución al respecto.”, puntualizó.
El también miembro de la Dirección Política vaticinó que este proceso electoral será bastante conflictivo, sobre todo porque el pleno de la JCE no está asumiendo su rol de árbitro imparcial, con el grado de responsabilidad que tanto la Constitución de la República y las leyes de la materia, los obligan a ponerlas en ejecución para que todos los actores la respeten.