Varios proyectos de ley, más de 200 en total, que fueron aprobados por la Legislatura de Florida y firmados por el gobernador Ron DeSantis, entraron en vigencia el 1 de julio. Sin embargo, analistas consideran que estas leyes representan retrocesos en los derechos de las minorías en el país.
Una de estas leyes establece sanciones para los empleadores que sepan que tienen trabajadores indocumentados, y la gravedad de las sanciones dependerá de la cantidad de inmigrantes sin documentos que estén empleados.
El propósito de este proyecto de ley es frenar la inmigración ilegal, pero los críticos argumentan que esto tendrá un impacto negativo en la economía de Florida, especialmente en los sectores de la construcción, la agricultura y la hospitalidad, según un artículo publicado en el portal Telemundo51.
Además, los hospitales de Florida que acepten Medicaid ahora deberán documentar si un paciente es ciudadano estadounidense o no, y si el paciente es un inmigrante indocumentado o no lo es.
Una de las nuevas leyes aprobadas en Florida limita los abortos a seis semanas, comúnmente conocida como «Heartbeat Bill». Esta ley permite a las víctimas de violación, incesto o trata de personas tener hasta 15 semanas para recibir un aborto, pero se les exigiría presentar pruebas de su situación mediante registros médicos o judiciales.
Otra ley recientemente aprobada en Florida prohíbe a los maestros preguntar a los estudiantes cuáles son sus pronombres preferidos, y tampoco se les permite respetar los pronombres preferidos de un estudiante si no se corresponden con su sexo biológico.
Además, se prohíbe que las instituciones educativas de Florida utilicen fondos estatales y federales para iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
En cuanto a la educación, los cursos de educación general no pueden enseñar que el racismo, el sexismo, la opresión y los privilegios sistémicos están arraigados en las instituciones de Estados Unidos, ni que estos problemas se crearon para mantener la desigualdad. También está prohibida la enseñanza de políticas de identidad y distorsiones de la historia en el plan de estudios.
Además de las leyes relacionadas con la diversidad sexual, hay otras leyes controvertidas. Por ejemplo, la HB 1069, conocida como «Don’t Say Period», también prohíbe la enseñanza del ciclo menstrual en la educación pública antes del sexto grado.
Durante la instrucción de educación sexual, los maestros también deben enfatizar la abstinencia fuera del matrimonio y enseñar los beneficios del matrimonio heterosexual monógamo. La orientación sexual y la identidad de género no se podrán enseñar en las escuelas hasta el octavo grado.
Pero en cambio, ya no se requerirán verificaciones de antecedentes y cursos de capacitación para llevar un arma oculta en su persona o en su automóvil. Actualmente, las personas deben tomar un curso de capacitación en seguridad de armas de fuego y evaluar adecuadamente una amenaza.
A pesar de su entrada en vigor, la mayoría de estas leyes han sido objeto de protestas y la comunidades afectadas ha insistido en que iniciarán acciones legales.