El Ministerio Público imputó al procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara por la presunta comisión de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos, delitos que podrían acarrearle hasta 20 años de prisión según la legislación dominicana.
De acuerdo con el expediente, el funcionario habría gestionado y recibido pagos indebidos a cambio de influir en procesos judiciales en fase de investigación. Entre los señalamientos, figura la supuesta recepción de US$10,000 por parte de Roberto Canaán, vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), denominado “Cobra”.
La audiencia para conocer la medida de coerción será presidida por la jueza Ysis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el próximo 7 de abril. El órgano acusador ha solicitado 12 meses de prisión preventiva.
Según la acusación, Valdez Alcántara habría ejercido presión constante sobre el testigo mediante llamadas telefónicas, estableciendo plazos para la entrega del dinero y advirtiendo sobre posibles consecuencias legales en caso de incumplimiento.
El arresto se produjo el 27 de marzo de 2026, durante un allanamiento en su residencia, donde las autoridades ejecutaron una entrega vigilada del dinero presuntamente solicitado como soborno.
El Ministerio Público sostiene que el imputado inicialmente exigió US$200,000, suma que luego habría reducido a US$150,000, además de solicitar un vehículo de lujo y un reloj Rolex, a cambio de favorecer al testigo en el proceso judicial.
Este caso ha generado atención pública al involucrar a un representante del sistema de justicia, mientras se espera que en la audiencia se determine si el imputado deberá cumplir prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra.