Durante la conmemoración del Día de la Constitución en San Cristóbal, los dolientes de las 39 personas que perecieron en la devastadora explosión del pasado agosto demandaron al presidente de la República un informe fidedigno que aclare las causas del incidente. Armados con carteles que llevaban impresas las caras de los difuntos, los asistentes expresaron su desconfianza hacia las conclusiones preliminares ofrecidas por las autoridades municipales, y están a la espera de las conclusiones de una comisión de la verdad establecida para profundizar en las indagatorias.
Manuel Antonio Nina, conocido como Pachulí y presente entre los manifestantes, cuestionó la integridad del reporte emitido por el cuerpo de bomberos, aludiendo a un conflicto de interés dado que el líder de los bomberos es también el alcalde y que, curiosamente, no hay mención de ciertas personas claves en el dossier. «El expediente parece construido de manera superficial, como si su propósito fuese entorpecer el proceso y restar importancia al evento», sostuvo Nina.
En el aspecto judicial, la tragedia llevó al arresto de los empresarios Maribel Sandoval, Mercedes Altagracia Vidal y Edward Armando Vidal Garrido, dueños de la empresa Vidal Plast SRL, bajo la acusación de homicidio involuntario y violación a las normativas de salud y medio ambiente por el manejo inapropiado de sustancias químicas que resultaron en la catástrofe. Posteriormente, la jueza Miolany Herasme Morillo, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Departamento Judicial de San Cristóbal, decretó su liberación bajo medidas cautelares, incluyendo una fianza, restricciones de viaje y, para Edward Vidal, el uso de un grillete electrónico. A su esposa e hija, se les impuso una garantía económica y la obligación de comparecencias periódicas ante la justicia.