A casi tres meses del fallecimiento de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrido durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci a una hacienda recreativa, los abogados de la familia denunciaron este lunes un virtual estancamiento del proceso judicial, así como presunto encubrimiento y retardo injustificado en la investigación que dirige el Ministerio Público.
Durante una rueda de prensa, el abogado Miguel Díaz, representante legal de los familiares, afirmó que desde el pasado 10 de diciembre, fecha en la que se conoció la solicitud de medidas de coerción contra tres docentes del centro educativo, la defensa ha presentado múltiples solicitudes sin recibir respuestas concretas por parte de las autoridades.
Según explicó, el expediente ha sido remitido de una instancia a otra sin que se adopten decisiones de fondo, situación que calificó como una dilación preocupante en un caso que involucra la muerte de una menor de edad.
Díaz indicó que el mismo día en que se conocieron las medidas de coerción, la defensa solicitó acciones personales y reales contra otros actores que, a su juicio, no fueron incluidos inicialmente en el proceso. Entre ellos mencionó al presidente de la asociación vinculada al centro educativo, al director del colegio Fredy Núñez, así como a los responsables de la hacienda recreativa donde ocurrió el hecho.
Detalló que la solicitud fue conocida primero por Atención Permanente, luego por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción y finalmente enviada al Cuarto Juzgado de la Instrucción, tribunal que según afirmó no sería competente para este tipo de proceso, lo que podría generar una nueva devolución del expediente.
“El tiempo sigue pasando. Ya casi se cumplen tres meses de la muerte de Stephora y más de dos meses desde que solicitamos diligencias claves, sin avances reales”, sostuvo el jurista.
Informó además que el pasado 23 de enero fue interpuesto un pronto despacho y una queja formal por retardo procesal, sin que hasta la fecha se haya emitido respuesta.
Diligencias clave aún pendientes
Entre las actuaciones que continúan sin ejecutarse, la defensa señaló la falta de interrogatorios a los niños que participaron en la excursión, levantamientos técnicos del lugar, obtención completa de grabaciones de cámaras de seguridad, videos del traslado y permanencia de los estudiantes, así como informes periciales esenciales para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.
También cuestionaron el acceso incompleto a la documentación de la asociación sin fines de lucro vinculada al centro educativo. De acuerdo con Díaz, los documentos entregados recientemente solo abarcan registros hasta el año 2011, lo que calificó como irregular para una institución con años de operación.
Otro punto señalado fue que la hacienda recreativa retiró los letreros de clausura, pese a que según afirmaron— las propias autoridades habrían determinado que el lugar no reunía condiciones mínimas de seguridad para recibir niños ni adultos. Indicaron que no se ha informado si el establecimiento fue revaluado ni si sus administradores han sido sometidos a la justicia.
Por su parte, la abogada Shesnel Calcaño enfatizó el impacto humano del caso y denunció lo que calificó como una “doble victimización” de la familia.
Señaló que mientras el país se prepara para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, el próximo 14 de febrero, una madre cumplirá 90 días sin respuestas judiciales sobre la muerte de su hija.
Calcaño cuestionó además la falta de fiscalización por parte del Ministerio de Educación, al indicar que no se ha establecido con claridad si el centro educativo cumplía con las normativas vigentes para la realización de excursiones escolares.
“Existen normas, pero poca supervisión. Los padres necesitan saber si sus hijos están realmente protegidos dentro de las instituciones educativas, sean públicas o privadas”, expresó.
La defensa recordó que hasta el momento dos maestras y una encargada administrativa enfrentan medidas restrictivas, mientras que el Ministerio Público dispone de un plazo de seis meses para presentar acusación formal, archivar el caso u optar por otra salida procesal. No obstante, insistieron en que existen otros responsables funcionales que deben ser incorporados al proceso.
Los abogados reiteraron que agotarán todas las vías legales necesarias para que se esclarezca la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, cuyo deceso cumple tres meses este sábado 14 de febrero.
En relación con el proceso, la jueza Yeritza Cabra, del Tribunal de Atención Permanente de Santiago, impuso garantía económica y presentación periódica a Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, con una fianza de RD$500,000 a través de aseguradora, por la presunta negligencia durante la excursión en la que la estudiante de 11 años murió ahogada.
En tanto, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella no recibió medidas de coerción, al determinarse que no participó en la excursión.