Barahona, R.D. – Un tribunal del Distrito Judicial de Barahona impuso condenas contra cuatro personas, entre ellas un empleado de la Junta Central Electoral (JCE), tras ser halladas culpables de formar parte de una red dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados, por la que cobraban entre 70,000 y 100,000 pesos por cada trámite ilegal.
Los condenados son Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos Gómez, quienes cumplirán 6 años de prisión cada uno. En tanto, Yonel Raphael y Andys Hernández Rivera —este último empleado de la JCE— fueron condenados a tres años de prisión, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, además del pago de una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
El fallo fue emitido por la jueza Fátima Cruz Estrella, luego de que los implicados admitieran los hechos en el marco de un procedimiento penal abreviado, ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Como parte de la sentencia, también se ordenó el decomiso de los equipos electrónicos utilizados para la falsificación, los cuales pasarán a favor del Estado dominicano.
Red de falsificación
Según el Ministerio Público, la estructura operaba desde Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional, falsificando:
- Cédulas de identidad
- Actas de nacimiento
- Pasaportes
- Licencias de conducir
- Licencias de porte y tenencia de armas
- Carnets de la DNCD, DNI, Ejército RD
- Títulos educativos (incluyendo Unicaribe)
- Visas de países como EE.UU., Canadá, Haití, Brasil, Holanda, entre otros
Los beneficiarios de estos documentos falsificados incluían tanto ciudadanos dominicanos como haitianos, a quienes se les asignaban identidades completamente falsas.
La investigación fue llevada a cabo por el Ministerio Público en coordinación con la Dirección Nacional de Seguridad Civil, la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la JCE. Se inició en enero del año pasado, luego del arresto de varios extranjeros que portaban documentos fraudulentos.
Los principales responsables de la red, según el expediente, son Pablo Selmo De La Cruz (en prisión preventiva y pendiente de juicio), Yonel Raphael, Modesto Alcántara (testigo en el proceso), José Alfredo de los Santos y Divisay Amparo, quienes operaban en laboratorios clandestinos con el apoyo de Andys Hernández, empleado de la JCE.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso con el combate al crimen organizado y la protección de la identidad ciudadana, advirtiendo que continuarán los procesos contra otros involucrados en esta red de falsificación de alto alcance.