La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el viernes una sentencia unánime que establece que en ocasiones es posible demandar a funcionarios públicos que bloquean a sus críticos en redes sociales, un tema que surgió a raíz de un caso en el que estuvo involucrado el expresidente Donald Trump.
La jueza Amy Coney Barrett redactó la decisión de la corte, señalando que los funcionarios que utilizan cuentas personales para realizar declaraciones oficiales no tienen la libertad de eliminar comentarios críticos sobre esas declaraciones ni de bloquear a sus detractores.
Sin embargo, Barrett también destacó que los funcionarios estatales tienen vidas privadas y derechos constitucionales propios.
La corte falló en dos casos relacionados con demandas presentadas por personas que fueron bloqueadas después de realizar comentarios críticos en cuentas de redes sociales pertenecientes a miembros de consejos escolares en el sur de California y a un funcionario municipal en Port Huron, Michigan. Estos casos son similares a una demanda contra Trump por bloquear a sus detractores en su cuenta personal de Twitter, la cual fue desestimada después de que Trump dejara el cargo en enero de 2021.
Estos casos llevaron a la corte a abordar los derechos en conflicto de libertad de expresión de los funcionarios públicos y sus votantes en un entorno virtual en constante evolución. La corte tiene pendientes cinco casos más relacionados con redes sociales en esta sesión.
Las cortes de apelaciones en San Francisco y Cincinnati habían emitido decisiones contradictorias sobre cuándo las cuentas personales se consideran oficiales. En su fallo, la Corte Suprema no eligió ninguna de las dos posturas, sino que devolvió los casos para que se aplique la normativa establecida el viernes.
Barrett señaló que cuando un funcionario de gobierno publica mensajes en redes sociales sobre asuntos relacionados con su trabajo, suele ser difícil determinar si la expresión es oficial o privada. En esos casos, los funcionarios deben permitir las críticas o arriesgarse a ser demandados.
Los casos pendientes relacionados con las redes sociales tienen un matiz más partidista, ya que los jueces están evaluando leyes aprobadas en Florida y Texas que prohíben a las grandes empresas de redes sociales eliminar mensajes debido a los puntos de vista que expresan. Las compañías tecnológicas argumentan que estas leyes violan sus derechos constitucionales de libertad de expresión, mientras que muchos republicanos sostienen que las plataformas censuran de manera desproporcionada los puntos de vista conservadores.