Vuelven a archivar querella de violencia de género y declaran inadmisible solicitud de levantamiento de velo a grupo económico
El Ministerio Público volvió a archivar de manera definitiva la querella por violencia de género que se interpuso contra el expelotero David Ortiz.
En el dictaminen, el órgano acusador precisó que las pruebas analizadas no pudieron constatar la ocurrencia de los hechos denunciados por Fary Almánzar, expareja de Ortiz, quienes tienen un hijo en común.
Almánzar interpuso la querella en mayo del pasado 2020 y el Ministerio Público la archivó en agosto de ese mismo año. La mujer apeló y un juzgado de la instrucción revocó el archivo.
Ante esto, el Ministerio Público volvió a analizar la querella y dijo que no hay méritos para poder admitirla.
La abogada del expelotero, Lucy Objío, dijo que esta decisión demuestra “una vez más que Ortiz ha estado hablando la verdad y que es la demandante la que ha querido confundir a la opinión pública con fábulas y mentiras”.
“Lo que David Ortiz quiere es que se termine este acoso y que le permitan retomar la relación con su hijo”, expresó.
Por otro lado, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró inadminisible por falta de calidad la solicitud de levantamiento de velo corporativo declaratoria de grupo económico que también había interpuesto Almánzar.
Luego de terminar la relación de pareja entre ellos, Almánzar ha interpuesto nueve demandas en contra de Ortiz y una denuncia, de las cuales cuatro han sido falladas a favor de Ortiz y cinco se encuentra en estado activo o en espera de fijación de audiencias.
Los abogados de Ortiz alegan que Almánzar y sus abogados están tratando de extorsionar a su cliente con una lluvia de demandas con el próposito de recibir alguna compensación económica a cambio de retirar las mismas.
“Como podemos ver la señora Almánzar y sus abogados simplemente han estado poniendo demandas y denuncias sin base jurídica o sustento con el único interés de hacer daño a la imagen de David Ortiz, como un mecanismo para poder obtener algún beneficio económico de él”, indicó la jurista Objío. EL CARIBE