El experto en ciberseguridad, Osvaldo Larancuent, sugirió al Gobierno educación o capacitación en los órganos del Estado para tener mejoras en el tema de la ciberseguridad.
«Ya se han delineado acciones que pueden hacerse como la alfabetización digital, la adopción y la conectividad», manifestó Larancuent durante un taller sobre ciberseguridad para periodistas auspiciado por la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ).
Recomienda crear las estructuras para que la sociedad pueda creer en la integridad de los datos, en la continuidad operativa y en el ajusticiamiento de los que delinquen.
La ciberseguridad es la práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales. Por lo general, estos ciberataques apuntan a acceder, modificar o destruir la información confidencial, extorsionar a los usuarios o los usuarios o interrumpir la continuidad del negocio.
El experto vio necesario promover una gobernanza donde todos participen.
«Necesitan participar las academias, el sector privado, las comunidades técnicas, para promover una reflexión que proteja a cada una de las partes», indicó.
Resaltó la importancia del C5i, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ogtic), el proyecto de ley de Gestión de la Ciberseguridad de la senadora Faride Raful para la protección de la infraestructuras críticas del país, entre otras entidades.
Manifestó que las infraestructuras críticas son el sector salud, financiero, transporte (aire, mar, tierra y ciberespacio), energía, entre otros.
Llamó a crear departamentos que se ocupen del tema de la ciberseguridad, adoptando estándares y normativas que le ayuden a proteger el país, a su entidad y a sus ciudadanos contra los daños que puedan provocar los ataques informáticos.
Sobre las investigaciones que hace el Ministerio Público, hurgando, muchas veces en los dispositivos de los imputados, Osvaldo Larancuent expresó que el problema aquí es que el órgano persecutor no tiene quien los supervise ni los vigile a ellos.
Puso el ejemplo del imputado en el caso Medusa, Jean Alain Rodríguez, que siendo él el procurador y perseguidor pasó a ser el presunto violador de la ley, pendiente de demostrar en justicia.
En ese sentido, pide garantías y que el tema que tiene que ver con nuestros datos e informaciones pueda ser tratado con madurez y sin rezagos para promover la seguridad ciudadana.