Santo Domingo, R.D. – El general retirado de la Policía Nacional William Durán Jerez se entregó voluntariamente a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), tras ser señalado como parte de una presunta red internacional de narcotráfico y lavado de activos, junto al regidor Edickson Herrera Silvestre, alias “Yeyea”.
Fuentes oficiales confirmaron que Durán Jerez abordó un avión privado enviado por la DEA, quedando inmediatamente bajo custodia de agentes federales. En la misma aeronave viajaban otras dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas.
Durán Jerez fue separado de las filas de la Policía Nacional en 2009 mediante el Decreto 161-09, firmado por el entonces presidente Leonel Fernández, alegando “antigüedad en el servicio”. Durante su trayectoria ocupó cargos estratégicos, como la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE) y la Dirección de Seguridad Preventiva de la institución policial.
Su presunto socio en esta red, el regidor Edickson Herrera Silvestre, se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo de 2025, viajando en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas hasta Miami. Herrera es requerido por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida, bajo el caso 25-CR-20095-BLOOM/ELFENBEIN, fechado el 5 de marzo de este año.
Presunta red de narcotráfico transnacional
De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ambos imputados están vinculados a una estructura criminal que operó entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, con operaciones en Miami, República Dominicana y otros territorios.
El expediente judicial detalla múltiples cargos graves, incluyendo:
- Conspiración para importar sustancias controladas
- Fabricación o distribución con intención de importación ilegal
- Intento y conspiración para distribuir narcóticos
- Posesión con intención de distribuir
- Decomiso criminal de bienes
- Importación y exportación de químicos regulados
Las penas asociadas a estos delitos oscilan entre un mínimo de 10 años de prisión y cadena perpetua, además de multas millonarias que podrían alcanzar los 10 millones de dólares, según el volumen de droga incautado.
Las autoridades dominicanas y estadounidenses continúan colaborando en las investigaciones para desarticular por completo esta red criminal, mientras se garantiza la integridad del debido proceso judicial en ambos países.