“En mi unidad del ejército hubo desapariciones forzadas” | Colombia

El video que distribuyó la comisión de la verdad.



Primero, los ejecutaron. Posteriormente, hicieron desaparecer los documentos de las víctimas para obstruir la investigación. Este fue uno de los procedimientos de los llamados "falsos positivos", es decir, miles de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante al menos 15 años por militares colombianos. Y así respondieron diferentes unidades del Ejército a la política de incentivos que buscaba mejorar los resultados o las "bajas" de las guerrillas en combate. Después de este eufemismo, en realidad, hubo 2.248 asesinatos probados de civiles inocentes, según la Oficina del Fiscal, que se cometieron principalmente entre 2002 y 2008. Precisamente en ese momento, el testimonio de un mayor retirado publicado el martes por el Comisión de la Verdad, el organismo público dedicado a aclarar las causas del conflicto armado.

La declaración en video del ex oficial Gustavo Enrique Soto no tiene alcance judicial porque esta entidad no es un tribunal como, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, representa un reconocimiento sin precedentes y una historia valiosa para comprender los engranajes de un mecanismo criminal que manchó la fuerza pública. Soto fue, entre 2006 y 2007, comandante de un Gaula (Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal), un equipo de élite que actuó bajo la responsabilidad del comando de las Fuerzas Armadas en el departamento de Casanare, en el este del país.

"En mi unidad, la Gaula Militar Casanare, hubo desapariciones forzadas, y hoy quiero expresarles de la misma manera que he aceptado mi responsabilidad", reconoce el ex militar, que pasó una década en prisión y ahora, después de demostrar su compromiso con la reparación de las víctimas antes de que el JEP haya denunciado las amenazas. "Quiero contribuir a la verdad, a las víctimas, buscando a las personas desaparecidas", continúa Soto antes de influir en su "arrepentimiento de corazón". Además de su declaración, la Comisión de la Verdad también difundió las de José Éver Veloza, ex jefe paramilitar de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), y José Benito Ramírez, ex comandante del Bloque Sur de las FARC. Todos reconocen "hechos de desaparición". Aun así, las premisas de estos casos son muy diferentes, ya que son, por un lado, dos combatientes integrados en organizaciones ilegales y, por otro, un representante del Ejército, cuya misión es precisamente garantizar la legalidad.

"Tengo algunos documentos que serán de suma importancia debido a las estadísticas que se estaban manejando en ese momento. Cuando era comandante de la Gaula militar de Casanare siempre traté de mantenerme en el parte superior 10, es decir, entre las diez mejores unidades del Ejército y esto generó muchos problemas para el pueblo colombiano y, en particular, para las víctimas que sufren este dolor hoy ", explica el ex oficial.

Liderar el ranking era sinónimo de recibir incentivos monetarios o permisos. Y para que el sistema funcione, las pruebas fueron falsificadas. "En general, cuando había una persona muerta, los documentos desaparecían. ¿Por qué? Bueno, con el personal más antiguo que estaba allí, con los soldados … No, para que sea más difícil de identificar. Permití que se hiciera de esa manera, porque muchas personas actuaron así, los denunciaron como NN, y también lo permití, por eso acepté mi responsabilidad ", describe Soto, quien promete proporcionar" los actos de levantamiento de cadáveres "y" diferentes misiones tácticas ". Han pasado 12 años desde esos crímenes y este ejército, como otra docena de oficiales retirados del Ejército, decidió informar lo sucedido. "Mi compromiso hoy está lleno. Quiero que las víctimas terminen con el dolor que generé. Quiero disculparme con todas las víctimas por el daño que les causé".

Varias de las madres de los falsos positivos de Soacha en el cementerio de Ocaña durante una conmemoración en 2018.


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